¿Por qué la Unión Europea quiere controlar el acceso de los EUA a los datos de sus ciudadanos?

Hace tres meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió anular el pacto Safe Harbor; un acuerdo que había sido firmado 15 años atrás y que permitía a los Estados Unidos acceder a datos personales de ciudadanos europeos sin necesidad de una aprobación específica previa. Sin embargo y pasado todo este tiempo, todavía no se ha establecido uno nuevo. ¿La razón? Que la UE pide determinadas garantías.

Así, Bruselas no solo reclama la existencia de “un control judicial efectivo en el acceso a los datos” por parte de estas autoridades públicas; sin también una mayor transparencia respecto a las limitaciones que estas tienen para disponer y recopilar información de personas que se encuentren en el marco de la comunidad. Unas exigencias que han provocado el estancamiento de las negociaciones entre ambos y cuya solución se hará de rogar. Pero, ¿por qué? Analicemos la situación.

La polémica está servida

De esta manera y con miles de compañías a la espera de que se normalice la transmisión transoceánica de este tipo de datos –es habitual que empresas como Facebook, Google y Microsoft compartan aquellos que atañen a sus empleados- parece que todavía tendremos que esperar un poco más para el alumbramiento de un nuevo Safe Harbor . El principal motivo es que los Estados Unidos son reacios a informar a la UE del número de solicitudes de acceso.

La Comisión Europea, sin embargo, reclama un sistema que confirme que esta clase de procesos se están llevando a cabo, no de un modo indiscriminado, sino con el fin de proteger la seguridad nacional, el orden e interés público. Las conversaciones continuarán en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza; pero las autoridades de protección de datos establecieron el 29 de enero como fecha límite para llegar a un acuerdo.

Este, probablemente, sería posible si los americanos aceptasen informar anualmente de la frecuencia con la que han solicitado esa información de carácter íntimo por razones de seguridad. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos a qué responde la toma de tantas precauciones. Javier Prenafeta, abogado especializado en tecnología y socio de Abanlex, nos lo explica.

“Las transferencias internacionales de datos de ciudadanos europeos deben garantizar que se protejan sus derechos de modo equivalente al estándar de la Directiva sobre Protección de Datos. El sentido es que este es un derecho fundamental reconocido en la normativa europea y nacional de los Estados Miembros, y si los datos salen fuera del marco puede haber un riesgo de vulneración”, nos comenta.

Así, la Comisión Europea es la encargada de determinar qué estados ofrecen las garantías adecuadas para estos accesos (aunque hay algunas excepciones para los datos de salud cuando peligre la vida del afectado, por ejemplo), algo para lo que valora la legislación de dichos países. Sin embargo y según Prenafeta, la normativa de EE.UU. no ofrece ese nivel mínimo de protección.

Puesto que la Ley establece entonces que, en aquellos casos que se prevea hacer una transferencia de este tipo, deberá solicitarse una autorización expresa al Director de la Agencia de Protección de Datos o al propio afectado (hay excepciones cuando la salud del mismo peligra, por ejemplo), el acuerdo Safe Harbor constituía una solución más ágil.

“Era la manera de homologar las transferencias de datos pues, mediante la adhesión a una serie de principios y protocolos de actuación por parte de empresas norteamericanas, se daba respaldo de antemano a las mismas”, apunta nuestro experto. Sin embargo y a raíz de la histeria que desató el escándalo de Edward Snowden (y otros) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la situación real no daba las garantías suficientes”.

Lo que la Comunidad Europea pide, en definitiva, es que queden determinados aquellos casos en los que va a ser posible el acceso a los datos y establezca controles como autorizaciones judiciales y similares, para saber cuándo y bajo qué circunstancias se han aprobado las transmisiones. Sin embargo y como apunta nuestro abogado, “la situación es complicada para los EE.UU., ya que tiene que ceder en materias que para ellos son de primer orden, reportar y dar explicaciones a Europa, y ajustar su legislación y prácticas a lo que la Comisión les diga”.

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