El FBI violó derechos constitucionales estadounidenses relacionados con la privacidad con algunas de sus actividades de vigilancia, según un tribunal estadounidense. La agencia gubernamental habría violado tanto la ley que autorizó el programa de vigilancia que fue utilizado como la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El fallo sobre la violación de la legislación y provisión constitucional que protege el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) se dictó el año pasado, pero no se ha conocido hasta su difusión este martes.
Buscando datos en la NSA
El tribunal, compuesto por once jueces nombrados por el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ha considerado que los funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones registraron indebidamente una base de datos de inteligencia de la conocida Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en busca de información sobre estadounidenses. Y no debían.
Según The Wall Street Journal, el FBI investigó a fuentes estadounidenses usando una base de datos de inteligencia electrónica destinada a ser usada principalmente por la NSA. Esta base incluiría números de teléfono, correos electrónicos y otros datos personales.
La idea era que toda esta información solo pudiese ser usada para buscar pruebas de un delito o como parte de una investigación sobre un objetivo extranjero, para seguir la pista a posibles terroristas o ciberamenazas. Sin embargo, se habría usado sin autorización y sin orden judicial para investigar a ciudadanos estadounidenses según el tribunal. Los agentes, además, también habrían utilizado la base de datos para buscar información sobre sí mismos, amigos, familiares y compañeros de trabajo.
El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera fue creado en base a la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 de Estados Unidos para evaluar el uso de herramientas secretas de espionaje. Por esta razón, este fallo no se había hecho público. La razón por la que ahora sale la luz es una apelación fallida llevada a cabo por el Gobierno en un tribunal de apelaciones, de acuerdo con la información que publica The Wall Street Journal.
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