Según informan en ZDNet el último borrador de ley sobre vigilancia electrónica quiere acabar con la privacidad del usuario a toda costa y caiga quien caiga. El borrador se filtró ayer jueves, como parte de una "consulta dirigida" a la Ley de Poderes de Investigación, promulgada el año pasado, que los críticos calificaron de "la ley de vigilancia más extrema jamás aprobada en una democracia".
Normalmente cuando pensamos en gobiernos vulnerando la privacidad del usuario, lo primero que nos viene a la cabeza es la NSA. Sin embargo, vale la pena recordar que el GCHQ británico no se queda atrás, y que son capaces de "hazañas" muy similares a las de la agencia estadounidense.
¿Qué quiere hacer el gobierno británico exactamente?
El documento indica que las autoridades están intentando obtener poder para obligar a los ISPs a monitorizar conversaciones casi en tiempo real e instalar puertas traseras con las que poder romper los cifrados de las comunicaciones. Asimismo, se obligaría a los proveedores de Internet a entregar dichas comunicaciones "de forma inteligible" en espacio de un día laboral.
Esto significa que los proveedores de servicios británicos se verían obligados a introducir puertas traseras en sus redes para que, aunque no fuese de forma directa, las agencias de seguridad e inteligencia de su país puedan leer las comunicaciones de cualquier usuario. Lo que el documento no aclara es cómo ose aplicará la ley, y si afectará a empresas que sólo operen en Gran Bretaña o que estén afincadas allí.
El borrador de la ley también pide que se otorgue al gobierno la capacidad de interceptar en tiempo real los datos de uno de cada 10.000 ciudadanos en cualquier momento, permitiendo a las autoridades escuchar las conversaciones de unos 6.500 ciudadanos cuando lo soliciten según el medio.
La falta de transparencia enfada a los críticos
Jim Killock, del Open Rights Group (Imagen: Jim Killock)
La falta de transparecncia de las propuestas que se recogen en el borrador ha provocado la ira de los críticos. Sobre este tema ha opinado Jim Killock, director ejecutivo de Open Rights Group (algo así como la EFF británica):
El gobierno no piensa que tiene obligaciones legales o morales a la hora de consular a alguien más allá de los socios de la industria de telecomunicaciones y los servicios de seguridad.
Las quejas no son injustificadas, ya que el documento por ahora sólo ha circulado entre la junta de consejo técnico del gobierno británico. Dicha junta se compone de seis grandes telecos, incluyendo O2, BT, BSkyB y Vodafone, junto con agencias gubernamentales que usarían estos poderes. Entre ellas se cree que están el MI5 y el GCHQ.
Sin embargo, el documento no se puso a disponibilidad del público general o de la industria tecnológica, que se verán afectados directamente por las propuestas si finalmente se convierten en ley.
Vía | ZDNet
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