Según informa la agencia Reuters, Facebook y el Gobierno de Francia, presidido por Emmanuel Macron, han alcanzado un acuerdo para que la red social entregue a los juzgados de usuarios sospechosos de propagar discurso de odio en la plataforma. Es algo que ha confirmado Cedric O, que desempeña el cargo de Secretario de Estado para la Economía Digital de Francia.
Facebook y el Estado francés ya han colaborado previamente en lo referente a combatir el terrorismo, ofreciendo información como direcciones IP y más a los jueces que lo han demandado. Desde entonces, Macron y Mark Zuckerberg se han reunido en numerosas ocasiones, y esta decisión podría haberse negociado en ellas. La última reunión, y parece que decisiva, tuvo lugar entre Nick Clegg, vicepresidente de Facebook y antiguo vicepresidente de Reino Unido, y Cedric O.
Macron persigue liderar la regulación a nivel global del discurso del odio en Internet y de la propagación de noticias falsas, y esta concesión por parte de Facebook engrandece su imagen en ese sentido. Como reconoce Cedric O, que los juzgados tengan acceso a la información de Facebook sin necesidad de largos procesos burocráticos, "es algo muy importante, solo lo están haciendo para Francia".
Gran paso contra el discurso de odio, pero se desconocen detalles sobre garantías
Sonia Cisse, una abogada consultada por Reuters afirma que con esta novedad, "el discurso de odio ya no se considera parte de la libertad de expresión, ahora está al nivel del terrorismo". Todo se enmarca en un momento en que gobiernos e incluso el propio Zuckerberg comienzan a demandar con fuerza regulación sobre las grandes tecnológicas.
Por una parte está la cuestión de dividir en dos o más partes las grandes tecnológicas, algo que apoyan candidatos presidenciales en Estados Unidos como Elisabeth Warren, y por otra, cómo lidiar con el discurso del odio y las noticias falsas, cómo controlar lo que está permitido y lo que no, algo que creció con el caso de los vídeos de la matanza en Nueva Zelanda que inundaron Facebook y YouTube.
Algo extraño de este caso es que de momento no hay ninguna ley francesa que obligue a Facebook a entregar lo información a la Justicia, por lo que se desconocen bajo qué garantías y requisitos legales los jueces pueden demandarla. Será, sin duda, un elemento importante de análisis cuando los textos legales se materialicen, pues el problema de los últimos años en Internet y en la política es que se han querido ejecutar acciones de calado sin demasiadas garantías, como la Ley Sinde ejemplifica en otro ámbito.
El parlamento francés está debatiendo una ley para que las grandes tecnológicas que no eliminen contenido con odio reciban multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. Quién sabe si este acuerdo rebajará algo las condiciones de esa ley para Faceboook. Pero lo que parece claro es que no llegará al nivel de Australia, donde una ley permite incluso condenas por cárcel a empleados de las compañías que no eliminen contenidos como terrorismo y den aviso a las autoridades.
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