El conflicto del taxi sigue plenamente abierto en la Comunidad de Madrid y en concreto en su capital, de la que es alcaldesa Manuela Carmena, al menos hasta que se celebren elecciones municipales el próximo 26 de mayo, día en que los madrileños también votan a las elecciones europeas y autonómicos. A diferencia de Cataluña, donde la Generalitat reguló la actividad de las VTC e impuso la polémica precontratatación de 15 minutos, en Madrid el sector del taxi, pese a la huelga, no llegó a acuerdos con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid de Ángel Garrido.
Hoy eso ha podido comenzar a cambiar, pues según Europa Press, Carmena ha prometido a los representantes del taxi que sacará adelante un plan para acabar una de la prácticas más denunciadas por el sector, la captación ilegal de las VTC. Para frenar que los coches puedan circular de una zona a otra, y en particular cerca de estaciones de tren y en la zona próxima a Madrid Central, Carmena propone vigilancia policial.
En el marco de las conversaciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo con el taxi, la alcaldesa ha puesto énfasis en que la Policía Municipal de la capital vigilará el distintivo medioambiental de los coches VTC. En concreto, denunciará a los que pertenezcan a los tipos B y C y que no tengan precontratado un servicio, lo que les impide circular buscando acercarse a posibles clientes. La Policía Municipal también pondrá más empeño en perseguir las denuncias de taxistas, con una evaluación permanente sobre las prácticas ilegales en las que argumenten que incurren las VTC.
Los taxistas no han aceptado otras propuestas de Ayuntamiento y Comunidad
Tras esta propuesta, y a falta de ver cómo se materializa en ordenanza, la pelota vuelve al sector del taxi, que hasta ahora no ha aceptado las distintas propuestas que Ángel Garrido y Manuela Carmena han puesto encima de la mesa, que es justo por lo que se ha llegado a esta situación. La primera proposición de ambos, realizada durante de los días de Fitur, implicaba "estrenar una medida de metros o kilómetros mínimos que se pueden fijar, empleando el elemento del distanciamiento", con el establecimiento de una distancia mínima entre el VTC, el coche que se pide, y el cliente. Esto fue visto por los taxistas de Madrid como algo "totalmente insuficiente".
Después de todo ello, y de una dura propuesta del taxi, conocimos que el Ayuntamiento ultimaba una regulación para Uber y Cabify mucho menos restrictiva que la que pedían los taxistas, sin contemplar tiempo o distancia de precontratación, centrándose en una limitación medioambiental según las tres clases de coches contaminantes. Asimismo, se prohibiría el uso de carriles bus y se establecerían límites en paradas, con una ocupación máxima de VTC en fin de semana del 50%. Se habló de que estas medidas gustaban más, pero de momento no ha habido avances considerables. Y el tiempo de cara a las elecciones se acaba.
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