El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva legislación que tiene el objetivo de "frenar la propagación de contenido terrorista en internet" y que obligará a las plataformas de la Red, como Google, Twitter o Facebook a eliminar contenido relacionado con el terrorismo en un plazo de menos de una hora desde que se notifica y sin que esta decisión deba pasar por un juez. De no hacerlo, tendrán sanciones.
Ahora bien, surgen dos grandes dudas: qué se considera contenido terrorista, según la nueva legislación de la Unión Europea. Y quién se encargará de filtrar esta información.
Qué contenidos tendrán que ser eliminados
La ley actuará sobre "textos, imágenes, grabaciones de audio o video, incluidas las retransmisiones en directo, que inciten, demanden o contribuyan a la comisión de delitos terroristas; faciliten instrucciones para ello, o animen a participar en grupos terroristas". Esto incluye información sobre la fabricación de armas de fuego o explosivos.
Eso sí, cada país tendrá que decidir qué es exactamente el contenido terrorista. Y será cada país quien tenga una autoridad competente para controlar estos contenidos y se encargará de notificar los contenidos que califique como terroristas a las empresas de Internet. Tras esta notificación, las firmas tendrán cómo mucho una hora para eliminarlo. Además, el bloqueo que deberá ser aplicado en todos los países de la Unión Europea, no solo en el de origen.
Por su parte, si el contenido que hable de terrorismo publicado en una red social o en una web, tiene "fines educativos, periodísticos, artísticos o de investigación, o utilizado para sensibilizar, no será considerado contenido terrorista".
En caso de no retirar el contenido, las empresas se enfrentarán a sanciones que se calcularán "teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y el tamaño de la compañía". Las empresas no necesitan filtrar todo el contenido que alojan ni deberán utilizar herramientas automáticas de control.
El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton explicaba el pasado año hablando de la Ley de Servicio Digitales, Digital Services Act o DSA que una solución para evitar contenidos dañinos en Internet era que las empresas contraten a un mayor número de moderadores para poder tener más control sobre las publicaciones.
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