Uber acumula problemas en su negocio en España: el Supremo reabre el caso de un supuesto ERE falso en Uber Eats para los Riders

Hace ahora casi un año, en agosto de 2021, desde Riders x Derecho denunciaban en redes sociales que "Uber Eats está cometiendo un ERE encubierto despidiendo a muchos compañeros. Tienen que contratar directamente a los trabajadores, respetar el convenio colectivo, la antigüedad,etc". Esto se denunció frente a los Tribunales. Concretamente, fueron los sindicatos CCOO y UGT los que llevaron a cabo la demanda.

Ahora el tribunal Supremo ha reabierto este caso judicial contra Uber Eats, anulando la sentencia de la Audiencia Nacional, que en su día no reconocía la legitimación activa de ambos sindicatos para impugnar el despido colectivo que llevó a cabo Uber Eats en agosto de 2021, para eludir aplicación de la “Ley Ryder” que entró en vigor hace casi un año ahora.

La Audiencia Nacional había considerado previamente que, como los trabajadores eran autónomos, los sindicatos no tenían autoridad para llevar a cabo esta denuncia. Ayer mismo se conocía que una multa millonaria e histórica a Glovo por no cumplir con la 'Ley Rider' y aún podría llegar a superar los 100 millones de euros.

El Tribunal Supremo advierte de que excluir a la mayoría de los sindicatos de esta legitimación por denuncia empresarial podría dejar a los sindicatos en una situación de vulnerabilidad, desestimando a las víctimas que podrían demandar individualmente pero no colectivamente.****

Qué hizo Uber Eats hace un año

Con la promulgación de la Ley Rider en agosto de 2021 por parte del gobierno español para acabar con los falsos autónomos en estas empresas de reparto a domicilio, Uber Eats canceló unilateralmente los contratos con sus repartidores autónomos para pasar a un modelo de subcontratación (en el que otras empresas contratan).

Los sindicatos que amparan la anterior relación laboral de los repartidores y Uber Eats demandaron a la empresa por lo que entendían que era un ERE encubierto. Es decir, la empresa despidió a toda la plantilla -unas 3.000 personas- sin abrir el procedimiento legal de despido colectivo previsto por la ley para esta situación.