Tras menos de cuatro meses en el cargo, José Ángel Hevia se ha convertido en el quinto presidente consecutivo de la SGAE que no ha logrado terminar su mandato. El gaitero asturiano ha tenido que dejar su puesto tras prosperar este miércoles una moción de censura contra él presentada la semana pasada.
La presidencia de la Sociedad General de Autores y Editores, por 17 votos a favor frente a los 12 del otro candidato, Antonio Onetti, y una abstención, ha quedado en manos de la compositora y soprano Pilar Jurado. La primera mujer en estrenar una ópera en el Teatro Real de Madrid —La página en blanco, en 2011— se convierte por decisión de la junta directiva de la entidad en la sexta máxima dirigente de SGAE en menos de ocho años.
Nueva presidencia en la crisis de la crisis
Jurado se convierte en presidenta de la entidad en uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. En una crisis dentro de la crisis tras la entrada de la Guardia Civil en la sede la SGAE y la salida de Teddy Bautista, entonces presidente, tras su detención y el inicio del llamado caso Saga, del cual la organización se retiró como acusación particular el año pasado.
Más recientemente, el Ministerio de Cultura y Deporte solicitó a través de la Abogacía General del Estado a la de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE por seis meses junto con la capacidad de nombrar un gestor interino para la sociedad.
Un movimiento que se producía semanas después de que celebraran unas elecciones en las que estaba en juego la renovación de la sociedad de gestión de derechos y de las que resultó vencedor Hevia.
Desde 2017, Cultura ha enviado trece requerimientos y un apercibimiento a la SGAE ante las reticencias de esta a modificar sus estatutos con el objetivo de adaptarlos a los requerimientos de la Unión Europea y a cambiar sus normas de reparto de lo recaudado por los derechos de autor. La denominada rueda de las televisiones, en investigación judicial, es otra de las polémicas destacadas.
El ministro José Guirao aseguró hace unos días que si la entidad atiende y actúa adecuadamente ante los requerimientos y el apercibimiento "todo estará solucionado". En caso de que no suceda así, el titular de Cultura nombrará un gestor interino constituido bajo la forma de una comisión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 192.9 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que según ha podido saber El Mundo "estaría formada por el subsecretario de Cultura, Javier García Fernández, más la subsecretaria de Hacienda, María del Pilar Paneque, y un abogado mercantil externo".
Esta comisión "asumirá asumirá las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad removidos, y que tendrá como objetivo regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual".
Imagen destacada | Carlos Delgado (CC BY-SA 3.0)
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