Reuniones semanales para detectar 'webs ilegales': así es el acuerdo entre la industria cultural y la operadoras españolas

Hoy tendrá lugar la firma del primer gran acuerdo contra la 'piratería de contenidos' entre las operadoras de telecomunicaciones y las industrias culturales españolas, en un acto impulsado y presidido por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Las tres partes han celebrado la consecución del que constituye el primer código de conducta voluntario que autorregula la colaboración entre operadores e industrias culturales a la hora de plantear medidas que dificulten el acceso a webs que difundan contenidos protegidos por los derechos de autor.

El acuerdo se aplicará "a aquellas webs cuyo carácter vulnerador de los derechos de propiedad intelectual se ha declarado judicialmente [...] siempre que concurran determinadas condiciones de reiteración de la conducta ilegal".

Dicho acuerdo contempla la creación de un comité técnico (en el que podrá intervenir el ministerio a invitación de cualquiera de las partes) cuya labor será elaborar listados semanales de webs que repliquen los contenidos de otras ya señaladas por sentencias judiciales precias.

El texto, elaborado por una mesa de trabajo conjunto durante el último año, ha sido revisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y está amparado por la Ley de Propiedad Intelectual de 2019.

Descargas, industria y operadoras

Además, será firmado hoy por representantes de la 'Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos' así como de las operadoras de acceso a Internet integradas en DigitalES (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil), además de Euskatel y Eurona.

La Coalición de Creadores, integrada a su vez por las entidades de gestión de derechos de autor (entre ellos, la SGAE) lleva años difundiendo cifras sobre el alcance y repercusión en España de las acitividades de 'piratería' digital, a través de un 'Observatorio de la Piratería' cuyas cifras han sido puestas en duda con frecuencia, incluso por el propio ministerio.

El sector de las operadoras, por otro lado, también ha protagonizado en los últimos años algunas iniciativas bastante polémicas relacionadas con los casos de descarga de material cultural, como el sonado 'Caso Euskaltel' en el que dicha compañía (y otras, como Movistar) llevaron a cabo amenazas por carta exigiendo dinero para evitar ir a juicio por las descargas P2P.