La Unión Europea lleva dos décadas con la misma regulación sobre servicios digitales. Desde que en el año 2000 se aprobase la directiva sobre comercio electrónico, prácticamente nada ha cambiado legislativamente hablando mientras el mundo online que pretende regular se ha transformado. Veinte años dan para mucho cambios, nuevos desarrollos y una notable evolución.
Además de traer nuevas oportunidades, servicios, tecnologías y negocios, este progreso también han creado nuevos riesgos para la ciudadanía y la sociedad en general, argumentan desde la Comisión Europea. Las empresas responsables de los mismos, además, se han encontrado con problemas consustanciales a la economía de plataformas y muchas de ellas, las más grandes, pueden controlar ecosistemas con un peso cada vez mayor en la economía digital.
Por eso, explican, "el mercado único europeo requiere un marco jurídico moderno" adaptado a la realidad de 2020 y los próximos años. Y ese nuevo tablero de juego es la Digital Services Act (DSA) o Ley de Servicios Digitales; y la Digital Markets Act (DMA) o Ley de Mercados Digitales.
Qué es la Digital Services Act y la Digital Markets Act
La Ley de Servicios Digitales es un amplio conjunto de nuevas normas que regulan las responsabilidades de los servicios digitales y que viene unida a la Ley de Mercados Digitales que busca proteger los derechos fundamentales de los usuarios en el mundo digital. La DSA es, en pocas palabras, una nueva regulación destinada a los gigantes tecnológicos, los nuevos servicios que prestan y su afectación a la sociedad en su conjunto.
La Comisión persigue con esta propuesta de renovación del marco jurídico del mundo digital dos objetivos, asegura: crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de todos los usuarios de los servicios digitales y establecer unas condiciones de competencia equitativas para fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad, tanto en el mercado único europeo como a nivel mundial. Crear nuevas normas sobre servicios y mercados digitales.
La ambiciosa proposición legislativa tiene especialmente en cuenta que las plataformas en línea, al margen de aportar importantes ventajas a usuarios particulares y empresariales, pueden ser objeto de abuso para difundir o comerciar con contenido o elementos ilícitos.
También tiene en cuenta que muchos de estos espacios en la red se han erigido prácticamente como plazas públicas digitales para el intercambio de información. "Estas se han convertido en sistémicas y plantean especiales riesgos para los derechos de los usuarios, los flujos de información y la participación de la población", explican desde la Comisión Europea. Fundamentalmente, para la libertad de expresión de la ciudadanía y la transparencia respecto al contenido difundido.
Es por todas estas razones que la propuesta de Ley de Servicios Digitales pretende introducir obligaciones vinculantes a escala de la Unión Europea para todos los servicios digitales que conecten a los consumidores con bienes, servicios o contenidos. Mandatos graduados en función tanto del tamaño como del impacto de los servicios a los que afectará y que son:
- normas sobre la retirada de bienes, servicios o contenidos ilícitos en línea; salvaguardias para los usuarios cuyos contenidos hayan sido suprimidos erróneamente por las plataformas;
- nuevas obligaciones para que las plataformas adopten medidas basadas en los riesgos para evitar el abuso de sus sistemas;
- medidas de transparencia de amplio alcance, incluidas las relativas a la publicidad en línea y a los algoritmos utilizados para recomendar contenidos a los usuarios;
- nuevos poderes de control del funcionamiento de las plataformas, por ejemplo, facilitando el acceso de los investigadores a los datos clave de aquellas;
- nuevas normas sobre trazabilidad de las empresas en los mercados en línea, para ayudar a localizar a los vendedores de bienes o servicios ilegales;
- un proceso de cooperación innovador entre las autoridades públicas para garantizar la aplicación efectiva en todo el mercado único.
Además de estas obligaciones que se concretarán en el futuro, aquellas plataformas que lleguen a más de 45 millones de usuarios, es decir, a más del 10 % de la población de la Unión Europea, se considerarán "de carácter sistémico". Eso significa que su impacto es mayor y, además de las obligaciones que afectarán a todos los actores del mercado digital, estarán sujetas a una nueva estructura de supervisión.
"Este nuevo marco de rendición de cuentas estará integrado por un consejo de coordinadores nacionales de servicios digitales, con facultades especiales para la Comisión en materia de supervisión de plataformas muy grandes, incluida la facultad de sancionarlas directamente", avanza por ahora la Comisión Europea.
Por su parte, la Digital Markets Act o Ley de Mercado Digitales pretende abordar "las consecuencias negativas derivadas del comportamiento de determinadas plataformas que actúan como 'guardianes de acceso' en el mercado único". Es decir, en la práctica, de las grandes tecnológicas.
La Comisión Europea considera que estas empresas, por los impactos diversos que tienen sus servicios en diferentes ámbitos tanto económicos como sociales, "tienen el poder de actuar como creadores de normas privados y de hacer las veces de cuellos de botella entre las empresas y los consumidores". De hecho, destaca que incluso en ocasiones estas compañías controlas ecosistemas enteros de plataformas. De ahí que quieran ponerles coto con esta nueva norma sobre mercados digitales que, citamos textualmente:
- se aplicará únicamente a los principales proveedores de servicios de plataforma básica más propensos a prácticas desleales, tales como los motores de búsqueda, las redes sociales o los servicios de intermediación en línea, que cumplan los criterios legislativos objetivos para ser designados como guardianes de acceso;
- definirá umbrales cuantitativos en que se fundará la determinación de los presuntos guardianes de acceso. La Comisión también tendrá competencias para designar empresas como guardianes de acceso tras una investigación de mercado;
- prohibirá una serie de prácticas manifiestamente desleales, como impedir que los usuarios desinstalen programas informáticos o aplicaciones preinstalados;
- exigirá a los guardianes de acceso que adopten de forma proactiva determinadas medidas, por ejemplo, medidas específicas por las que se permita que los programas informáticos de terceros funcionen correctamente e interactúen con sus propios servicios;
- impondrá sanciones por incumplimiento que podrían traducirse en multas de hasta el 10 % del volumen de negocios mundial del guardián de acceso, a fin de garantizar la eficacia de las nuevas normas. En el caso de los infractores recurrentes, estas sanciones también podrán entrañar la obligación de adoptar medidas estructurales, que podrían extenderse a la desinversión de determinadas empresas, cuando no se disponga de ninguna otra medida alternativa igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento.
- La Comisión podrá llevar a cabo investigaciones de mercado específicas para evaluar si es necesario añadir nuevas prácticas y servicios de los guardianes de acceso a estas normas a fin de velar por que las nuevas normas sobre los guardianes de acceso se ajusten al rápido ritmo de los mercados digitales.
Qué sigue con la Digital Services Act
Como hemos dicho, esta nueva legislación es por ahora una propuesta de la Comisión Europea. Ahora es el turno de el Parlamento Europeo y los Estados miembros para debatir estas proposiciones según el procedimiento legislativo ordinario. Por tanto, todavía debe aprobarse o rechazarse.
La norma sobre servicios digitales y la norma sobre mercados digitales se han elaborado tras una profunda reflexión de las partes implicadas, con consultas incluidas a las mismas durante este pasado verano. Entre junio de 2020 y septiembre de 2020, además, se llevaron a cabo las consultas públicas recibiéndose 3.000 respuestas.
De su tramitación posterior depende que ambas normas afecten en mayor o menor grado a empresas como Facebook, Google, Amazon o Apple y que la Unión Europea lidere la regulación de la era digital en la que vivimos.
Su regulación podría tener efectos tan fundamentales como los que atañen a la libertad de expresión en la red y su protección, a la dimensión y poder de las compañías tecnológicas que controlan actualmente diferentes grandes plataformas y servicios o a una hipotética interoperabilidad obligada entre servicios como los de mensajería para permitir una entrada de competencia más cómoda. Decisiones que podrían cambiar completamente el panorama tecnológico actual.
Ver 2 comentarios