DMCA (Digital Millennium Copyright Act) vuelve a estar sobre la mesa, y en esta ocasión por el senador republicano Thom Tillis. Este senador (por Carolina del Norte) propuso un proyecto de ley que podría llevar a los influencers y creadores de contenido a enfrentarse a penas de hasta diez años de cárcel por delitos relacionados con el copyright.
Esta propuesta se añadió a un conjunto de medidas que buscan reducir el impacto económico que está dejando el COVID-19, y está pensada para aquellos que obtengan beneficio económico utilizando contenido del que no tienen permiso.
Más incertidumbre y problemas para los streamers en Twitch
La congresista Alexandria Ocasio-Cortez criticó en su cuenta de Twitter que necesita más tiempo para leer esta propuesta antes de votar: "miembros del Congreso no se han leído esta propuesta. Son más de 5.000 páginas, que llegaron a las 14:00h del día de hoy y se espera que emitamos un voto en dos horas. Esto no es un gobierno. Es toma de rehenes".
This is why Congress needs time to actually read this package before voting on it.
Members of Congress have not read this bill. It’s over 5000 pages, arrived at 2pm today, and we are told to expect a vote on it in 2 hours.
This isn’t governance. It’s hostage-taking. https://t.co/JpBbEHHkVG
La propuesta de Tillis busca castigar a cualquier que invada los derechos de autor en Internet, y podría llevar a la cárcel a aquellos streamers que utilicen música con derechos de autor en sus transmisiones en Twitch, vídeos de YouTube o historias de Instagram.
Es un cambio significativo, ya que en los EE.UU. los delitos relacionados con el copyright hasta ahora podrían ocasionar multas, pero es bastante inusual acabar con penas de cárcel en un caso de este tipo.
Como es de esperar, esta propuesta está generando mucha controversia en las redes sociales, donde podemos encontrar muchas publicaciones con el hashtag #stopDMCA. De todos modos, el propio Tillis utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que se busca perseguir a las "organizaciones criminales, no a streamers individuales":
This article is false and inaccurate. The proposal is narrowly tailored and only allows DOJ to prosecute commercial criminal organizations, not individual streamers. It's drafted to not sweep in normal practices by online service providers and good faith business disputes. https://t.co/fJZtzasnso
David Graham ("UltraDavid") es un conocido abogado relacionado con eSports y videojuegos dijo en su cuenta de Twitter que "supone que esta propuesta tiene como objetivo evitar que las empresas alojen plataformas de streaming que ejecutan anuncios en contenido gratuito no autorizado, como transmisiones deportivas en directo o nuevas películas".
Esta propuesta llega un mes después de que Twitch advirtiese a los creadores que dejen de utilizar música en sus streams y que borren los vídeos que contengan canciones sin licencia. No olvidemos que el propio Neymar fue baneado de la plataforma tras llevar a cabo un stream con la música de FIFA21 de fondo.
Es un momento complejo y delicado para los creadores de Twitch, que están viendo cómo aumentan mes a mes las notificaciones DMCA relacionadas con la música. Hasta mayo de 2020 solían recibir menos de 50 notificaciones, mientras que a partir de mayo las principales discográficas comenzaron a enviar miles de notificaciones DMCA por semana.
📢 This week, we've had a sudden influx of DMCA takedown requests for clips with background music from 2017-19. If you’re unsure about rights to audio in past streams, we advise removing those clips. We know many of you have large archives, and we're working to make this easier.
Lo que parece estar claro es que se avecinan cambios importantes relacionados con el streaming, y habrá que estar atentos para saber a quiénes están dirigidos exactamente y qué penas podrían implicar incumplir dichas normas.
Recordamos también que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 la reforma de la directiva de copyright (en desarrollo desde 2016). Entre los países que votaron a favor del texto se encontraba España, y en aquel momento se fijó un plazo de dos años (de completa incertidumbre) para llevar la directiva a cada país.
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