Mientras hablaba hoy de digitalización durante su discurso de investidura, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y persona con más posibilidades alcanzar (revalidar en su caso) la presidencia en la nueva legislatura, ha hablado de la intención para poner en marcha un bono social de acceso a Internet. No se conocen muchos detalles, pero la intención parece similar al bono social que a día de hoy existe en cuanto a la factura eléctrica.
Así lo explicaba Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, junto a una mención a una Carta de Derechos Digitales, un Certificado Digital, derecho al Testamento Digital, una estrategia nacional para luchar contra la desinformación y un Plan de Ciberseguridad:
"En este sentido, vamos a desarrollar la Estrategia de Ciudadanía Digital, vamos a poner en marcha un bono social de acceso a Internet para colectivos vulnerables y a desarrollar servicios de capacitación para quienes estén en riesgo de exclusión digital".
Garantizar el derecho a la red para reducir la brecha digital de colectivos vulnerables, con un modelo de financiación en duda
Como vemos, esta "Estrategia de Ciudadanía Digital" contiene medidas ambiciosas en nombre pero de las que no se habla mucho en cuanto al fondo, y para las que habrá que esperar a conocer detalladamente (si Pedro Sánchez es investido presidente). Desde El Economista aportan algo más de luz, y según afirman, han podido confirmar que "la propuesta está llamada a desarrollarse normativamente en el futuro Reglamento Nacional de Telecomunicaciones", con el que se pretende transponer el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas antes de noviembre de 2020.
El objetivo del bono social de Internet del que ha hablado Sánchez es reducir la brecha digital por motivos económicos a pensionistas y personas de perfil de socioeconómico bajo. Ello, tendría que hacerse, por supuesto, con unos mínimos de calidad que asegure que la brecha no se mantiene en la práctica (pues una mala conexión hoy en día la agranda).
Aún no se han dado cifras concretas de velocidad de conexión base para este bono social, pero desde El Economista hablan de 30 Mbps, aunque mencionan que en el establecimiento de una cifra depende de cómo avance el país en ese respecto. En noviembre ya contamos que el Gobierno obligará a que, a partir del 1 de enero de 2010, el 90% de ciudadanos de poblaciones menores a 5.000 habitantes ya tenga conexiones de al menos 30 Mbps.
🏛️ @sanchezcastejon: Es la primera vez que España está en posición de liderar una revolución digital. Tenemos todas las herramientas para hacerlo y no podemos perder la oportunidad.
— PSOE (@PSOE) July 22, 2019
Ésta tiene que ser la legislatura del Pacto de Estado por la Ciencia.#SánchezSí pic.twitter.com/MAp1wubLno
Antes de la propuesta de hoy, que emana del programa electoral, como cuentan nuestros compañeros de Xataka Móvil, ya hubo una propuesta socialista en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. En ella se establecía la velocidad mínima en 30 Mbps, con un coste de 50 millones de euros. El bono de aquellos Presupuesto iba a cubrirse con fondos del Estado, mientras que según las fuentes consultadas por El Economista, esta vez "aún está por ver quién financia los costes del nuevo bono, si lo cubre el Estado, los operadores de telecomunicaciones o si se aplica un sistema mixto público-privado".
Este plan del Gobierno en funciones y candidato a seguir gobernando cuatro años más ha sido llevado incluso más allá por partidos como Unidas Podemos, que en su programa de gobierno llevaba garantizar "el acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible", como un derecho básico y financiado con un canon de las grandes empresas del sector (teleoperadoras).
Imagen | PSOE
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