La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha anunciado que 130 países han llegado a un acuerdo (tras mucho tiempo de cocción) para que las grandes multinacionales paguen un impuesto mínimo global. Este será del 15%, y desde el seno del organismo esperan que genere 150.000 millones de dólares de ingresos para los países cada año.
Este histórico acuerdo, que habrá que ver cómo cada país lleva a su cuerpo legislativo nacional, es algo que ya se intentó en la Unión Europea, pero fracasó por la oposición de países como Irlanda, país al que, por sus leyes fiscales no le venía nada bien algo así. Tras este fracaso comunitario, España y otros países de la Unión Europea redactaron sus propias leyes para imponer un impuesto de generalmente un 3% a las empresas que cumplieran ciertas condiciones.
Irlanda ha vuelto a oponerse a este plan que entra en vigor en 2023
Durante el mandato de Trump, Estados Unidos se oponía fuertemente a estas leyes, exigiendo a los países que ya las tenían que esperasen a una norma global. Sin embargo, a la vez que pedían eso, no impulsaban el plan en la OCDE como ha hecho Joe Biden, que fue quien ha propuesto el 15% con firmeza, tras, eso sí, imponer aranceles a España si no fructificaban las negociaciones.
La OCDE habla de un pilar uno con el que garantizar "una distribución más justa de los beneficios y los derechos tributarios entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas las digitales" e ingresar 100.000 millones, y un pilar dos con el que "establecer una base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, mediante la puesta en marcha de impuesto mínimo a nivel mundial" y con el que obtener los mencionados 150.000 millones, que ayudarán a la recuperación a la pandemia del COVID-19.
Entre los países que se han opuesto a firmar el acuerdo destaca, cómo no, Irlanda, que tiene un tipo fiscal más bajo gracias al que ha sido muy atractiva para las grandes tecnológicas. No debería sorprender, porque como decíamos, fue la principal impulsora de que el acuerdo en la Unión Europea fracasara. Otros países que se han opuesto son Barbados, Islas Granadinas, o Estonia y Hungría.
La OCDE tiene que desarrollar aún algunos de los puntos del acuerdo, y esperan tenerlo listo para octubre. Será en ese momento cuando cada país podrá comenzar a aplicar los impuestos a nivel local, de cara a que en 2023 esté en vigor. "Solo" han hecho falta dos años. Y serán cuatro cuando previsiblemente entre en vigor.
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