Cuando hablábamos de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, una de las posibles consecuencias que mencionábamos era la persecución de los uploaders, es decir, de la gente que comparte en Internet un "volumen apreciable" de obras protegidas. Con la ley en vigor desde el pasado enero, ya comenzamos a ver las primeras consecuencias en forma de detenciones.
En concreto, la Policía Nacional acaba de anunciar la detención de dos uploaders, a los que acusa presuntamente de haber subido más de 3.000 películas y series a Internet en el transcurso de un año. "Esta actividad producía beneficios económicos para los arrestados a través de empresas de publicidad, servidores de alojamiento gratuito y colaboraciones con administradores de páginas web de enlaces", aseguran las autoridades.
"Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos activos uploaders como presuntos autores de delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de Internet", dicen en el comunicado.
En la nota, la Policía también asegura que los detenidos compartían estos contenidos en páginas de descarga directa y de streaming y que se lucraban con ello. Si bien hacen referencia a "numerosos ingresos", no han hecho pública la cifra que los acusados habrían obtenido, siempre presuntamente, según la Policía Nacional.
Algunos servidores de descarga directa y de reproducción de streaming pagan a los usuarios que suben contenidos en función de las descargas y las reproducciones, aunque desconocemos si esto ha sido una de las causas en este caso. Además de recibir dinero de empresas de publicidad, de servidores de alojamiento y de colaboraciones, la Policía también asegura que se lucraron en "colaboración con otros uploaders y colaboración con administradores de web de enlaces especializadas".
La LPI en acción
En la nota de prensa, la Policía hace en varias ocasiones referencia a "diversas cuentas en un conocido sistema de intermediación financiero" y a "empresas de publicidad", en los que posiblemente haya recaído también parte de la investigación. Recordemos que, con la nueva Ley de Propiedad Intelectual, pueden exigir a estos servicios intermediarios que identifiquen a un usuario que esté poniendo a disposición de otros un volumen apreciable de obras no autorizadas.
"Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual, y mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas"
Más información | Comunicado oficial de la Policía
Imagen | John Trainor
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