Si bien no son pocas las aplicaciones que solicitan acceder a los datos de nuestra ubicación, lo cierto es que a la autoridades indias no parece importarle, pues el gobierno acaba de dar a conocer un proyecto de ley que obligaría a las empresas que lo hagan a solicitar un permiso “especial”. Y no solo eso sino que la norma también se centra en las compañías que se dedican a crear mapas (y que lo hacen de manera incorrecta). Os contamos de qué se trata.
El proyecto de ley
De esta manera y aunque todavía no se ha aprobado, la propuesta –conocida bajo el nombre de Ley de Regulación de la Información Geoespacial- podría no solo sancionar con diversas multas a quienes incumpliesen la norma, sino también encarcelarles. Las penas de cárcel no son “moco de pavo”, pues cabría la posibilidad de que se alargaran hasta 7 años. Respecto a las multas, llegarían a alcanzar los 150 mil dólares, una cifra nada desdeñable.
Una autorización que afectaría a entidades de la talla de Google e incluso a Uber y que pretende establecer un marco regulatorio sobre esta cuestión, pero que, al menos a priori, incluye unas medidas ciertamente exageradas. Así, las citadas entidades deberían contactar con las autoridades de seguridad local con el objetivo, según estas últimas, de evitar “que ninguna persona publique o distribuya ninguna información falsa o equívoca de la topografía india, incluyendo sus fronteras a través de servicios online, plataformas digitales y otros métodos, tanto físicos como electrónicos”.
En todo caso y según ha comentado uno de los funcionarios de este gobierno en The Economic Times, esta medida (cuyo desenlace se conocerá el próximo 4 de junio) fue propuesta como una manera de controlar a Google después de que los de Mountain View dieran a conocer sus emplazamientos militares. “Los terroristas planean ataques contra objetivos sensibles que estudian a través de Google Maps”, ha aseverado. Una referencia que surge a colación del ataque a la estación aérea Pathankot, que se saldó con la vida de hasta siete agentes de seguridad y un agente de policía en enero.
No obstante sus razones, lo peor del caso es que no solo los desarrolladores deberán llevar a cabo la correspondiente petición sino también los usuarios finales, algo que, sin duda, perjudicaría a cientos de aplicaciones; aunque, todo sea dicho de paso, el proyecto de ley establece que únicamente se tendrá en cuenta la información relativa a zonas sensibles.
Vía | The Next Web y Mashable
Imágenes | Pixabay
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