Parece que la petición que Airbnb y otras empresas del consumo colaborativo lanzaron al gobierno catalán a finales del año pasado no ha ido a buen puerto. La Generalitat de Cataluña se convierte en el primer organismo europeo que sanciona económicamente a Airbnb, concretamente con 30.000 euros que es la máxima cantidad que permiten las leyes catalanas.
Dichas leyes también exigen que todos los anuncios de alojamientos turísticos incluyan el número de Registro de Turismo, cosa que sólo los pisos que cumplen con los requisitos del gobierno catalán cumplen y que Airbnb no obliga a tener. También entra en conflicto el alquiler de habitaciones individuales, actividad que en Airbnb se usa mucho.
Desde la Generalitat se afirma que ha habido ya varias reuniones con Airbnb para tratar de llegar a un acuerdo, pero que finalmente no se ha conseguido. Para el gobierno catalán, Airbnb "reviste un servicio ilegal con apariencia de legalidad dando una falsa seguridad a sus usuarios". Usuarios que, por cierto, también han llegado a recibir multas por todo el mundo. En Cataluña tenemos a algunos propietarios de esos alquileres con multas de hasta 24.000 euros.
Barcelona es la cuarta ciudad con más actividad que tiene Airbnb por debajo de Nueva York, París y Londres, y en ciertas épocas del año la capital catalana se adelanta a la inglesa robándole el tercer puesto. Ya vimos en febrero que su impacto es de 128 millones de euros y 4.310 puestos de trabajo, con lo que quizás interesaría que se llegase a algún tipo de acuerdo para regular la actividad de Airbnb. Sin ir más lejos, la compañía ya ha eliminado más de 2.000 alquileres en Nueva York para cumplir las leyes municipales de esa metrópolis... veremos cómo se equilibra la situación en Cataluña.
Vía | Ara
Imagen | franganillo
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