Hace unos días repasábamos cómo de cara a lograr sacar adelante un impuesto a las tecnológicas en el conjunto de la Unión Europea, Francia y Alemania reducían su propuesta y ponían a la publicidad digital como el gran objetivo, ante la negativa de Irlanda y los países nórdicos de acometer una reforma más ambiciosa.
Así, se centraba en Google y Facebook y dejaba de lado a Apple o Amazon. De momento no ha salido adelante, y países como el germano pretenden que se apruebe algo más profundo y extenso a nivel mundial. Lo más cercano, y tampoco mucho, es un posible acuerdo en la OCDE, la organización que engloba a las economías más ricas.
Francia ha dado uno de los primeros pasos serios
Ante la falta de acuerdo a nivel del mercado común, el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha anunciado un nuevo impuesto a las tecnológicas en el país galo, y en este caso sí se le puede llamar GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), porque contemplaría todas las actividades. Le Maire afirmó que pase lo que pase, el impuesto estará en vigor el primer día de 2019. Con él esperan recaudar 500 millones de euros en 2019, algo que, como veremos frente al hipotético caso español, parece poco.
Que el impuesto se aplicará antes del 1 de enero de 2019 parece un hecho, pero habrá que esperar a ver si es compatible con la regulación europea, algo que no fue en 2012 cuando el país galo tuvo que echar abajo un impuesto del 3% sobre dividendos.
Qué quiere hacer España para recaudar 1.200 millones de euros
El plan del Gobierno del Partido Popular
El ministro de Economía que propuso el impuesto en España, Ramon Escolano.
En España el impuesto GAFA también está siendo un asunto que se alarga y alarga sin que llegue a concretarse en una ley que entre en vigor. Lleva coleando desde abril, cuando el entonces ministro de Economía, Ramón Escolano, anunció la creación de una nueva medida impositiva para gravar a las tecnológicas, que podría valer, según Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda por entonces, para financiar la subida de las pensiones que se demandaba en aquel momento.
Y ahí venía la primera cifra que se pretendía alcanzar con el impuesto GAFA español (y quizás con la suma de alguno más): 1.500 millones de euros, que es lo que subirían las pensiones ajustándolas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el próximo año, 2019, sería de 1.800 millones.
Para alcanzar tal recaudación, o acercarse, España acometería un reforma en la que encajarían muchas empresas fuera del cuarteto GAFA, ya que solo tendrían que cumplir facturar más de 7 millones de euros, contar con 100.000 usuarios o contar con 3.000 contratos en un Estado miembro. El gran problema de esa primera propuesta era que gravaría los ingresos, sin tener en cuenta que hubiera beneficios de por medio.
El plan con el cambio de Gobierno
Víctor J Blanco/GTRES
Con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concretó que el impuesto bajaría de ese umbral de 7 millones propuesto por Bruselas y Montoro a los 3 millones. Esa tendría que ser la nueva cifra de negocio en España, junto a una cifra de negocio global en el mundo de 750 millones.
Gracias a la reducción de 7 a 3 millones de euros, compañías como Airbnb o Uber, estandartes de la mal llamada economía colaborativa, también se verían afectadas por este nuevo gravamen. El proyecto de España, que acaba de superar el trámite de información pública, se recoge en el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
En su exposición de motivos se explican los hechos que llevan a considerar un impuesto así:
Las actuales normas fiscales internacionales se basan sobre todo en la presencia física y no fueron concebidas para hacer frente a modelos de negocio basados principalmente en activos intangibles, datos y conocimientos. Así, no tienen en cuenta los modelos de negocio en los que las empresas pueden prestar servicios digitales en un país sin estar físicamente presentes en él, tienen dificultades para impedir la deslocalización de activos intangibles a jurisdicciones de escasa o nula tributación, y tampoco reconocen el papel que desempeñan los usuarios en la generación de valor para las empresas más digitalizadas mediante el suministro de datos o la generación de contenidos o como componentes de las redes en que se basan muchos modelos de negocio digitales. Todo ello provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan.
El Gobierno estima que con ella se alcance una recaudación anual de 850 millones, algo lejos de los 500 millones de Francia, y es que parece demasiado optimista. Sin embargo, no sería suficiente para alcanzar el objetivo inicial de Montoro, que recordemos, era subsanar la actualización de las pensiones al IPC.
El problema actual es que la Ley de Presupuestos Generales del Estado aún no se ha aprobado, y no parece un trámite que se vaya a celebrar con celeridad, por los problemas de apoyo que tiene el Gobierno en la Cámara Baja. Así, parece que el objetivo de adelantarse a cualquier país en la aplicación de una nueva ley a las tecnológicas no será posible, pues salvo que la UE rechace la ley francesa, el país galo puede presumir de ser el primero.
El actual Gobierno está usando mucho la vía Del Real Decreto-ley para sacar adelante propuestas legislativas, y esa podría ser la vía para su rápida entrada en vigor, aunque también es un camino complicado y puede ser declarado anticonstitucional. Aun así, tal y como está el panorama político, no parece tampoco la máxima prioridad en estos momentos. En Europa, esa prioridad la ostenta el Brexit, y es el asunto que tiene colapsado Bruselas.
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