La policía de Minneapolis consiguió una orden de registro que obliga a Google a proporcionar datos de personas que estaban cerca de una protesta que registró actos violentos, dos días después del asesinato de George Floyd el año pasado, según las informaciones filtradas por TechCrunch.
El 27 de mayo de 2020, dos días después del asesinato de George Floyd hubo protestas por todo Minneapolis. En las inmediaciones de una tienda, AutoZone, se grabó a un hombre con una máscara rompiendo los cristales de la tienda con un paraguas. El periódico local Minneapolis Star Tribune dijo en aquel momento que la policía local creían que podría ser un supremacista blanco.
Datos de cuentas de personas que estuvieran por la zona
Sea como sea, Said Abdullahi, residente en Minneapolis, recibió un correo electrónico de Google en el que se le comunicaba que la información de su cuenta estaba sujeta a una orden judicial y que se entregaría a la policía, tal y como declaró a Tech Crunch. Además, Abdullahi ha explicado que no había participado en los actos de violencia y que sólo estaba en la zona grabando con su móvil la situación. Esta persona dice que ha contratado a un abogado para tratar de evitar que Google dé la información de su cuenta a la policía de Minneapolis.
La orden judicial a la que ha tenido acceso TechCrunch dice que la policía estaba buscando datos de cuentas "anonimizadas" de Google de cualquier teléfono o dispositivo que estuviera cerca de la tienda AutoZone o del aparcamiento entre las 17:20 y las 17:40, hora local, del 27 de mayo.
Una prática común por parte de las autoridades
Esta petición por parte de Google no es un hecho aislado. Según informaciones ofrecidas en 2019, Google dijo que el número de órdenes de registro sobre datos de ubicación de usuarios que recibió aumentó un 1.500% entre 2017 y 2018, y más del 500% entre 2018 y 2019, aunque no ha proporcionado cifras específicas, de acuerdo con The New York Times. Al parecer, Google recibió más de 180 órdenes de registro de datos geográficos en una sola semana en 2019.
La NYCLU o New York Civil Liberties Union envió una carta en diciembre de 2020 junto con otras organizaciones de derechos civiles, laborales y de la sociedad civil, en la que pedía a Google que ayudara a oponerse al aumento de las búsquedas de datos de usuarios de Google por parte de las fuerzas del orden y hablaba también de las mencionadas peticiones relacionadas con la ubicación de los ciudadanos.
No hay que olvidar que en enero de 2020 se hacía público un descubrimiento: Google decidió comenzar a cobrar a partir de ese mes por proporcionar datos de sus usuarios a las autoridades, ante el aumento las órdenes de registro y citaciones de las fuerzas del orden de Estados Unidos y otros organismo gubernamentales. Esta información fue revelada por The New York Times y confirmada por los de Mountain View.
Lo que dice la ley en España sobre estas peticiones de las autoridades
Explica Sergio Carrasco Mayans, consultor en Fase Consulting, que en el caso de España el artículo 588.septies b sobre deber de colaboración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla un amplio abanico de posibilidades a la hora de obtener información sobre datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación de los prestadores de servicios. Por tanto sí sería posible solicitar ciertas informaciones.
De todos modos, en una investigación, "tanto operadores como prestadores de servicios como Google cuentan con información muy atractiva a la hora de actuar contra este tipo de actos, pero habrá que tener en cuenta tanto qué supone realmente dicha información como posibles márgenes de error. No basta simplemente con que una persona esté en una determinada zona para automáticamente vincularlo a una determinada infracción, sino que esto requerirá un mayor trabajo de investigación una voz obtenida información de localización", ha detallado el abogado.
Por otro lado, podemos encontrarnos con que muchos de los infractores finalmente no llevaran dispositivos móviles, a lo mejor incluso de forma premeditada para evitar su localización, explica Carrasco. Como abogado explica a este respecto que "es importante no incorporar sesgos a la investigación, dado que puede dificultar la localización de los verdaderos infractores".
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