Justo cuando Estados Unidos ha mostrado su enfado, la tasa Google parece resucitar en España. Si era ayer la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, la que señalaba que no descartaba un impuesto español a las grandes tecnológicas si no se lograba un acuerdo a nivel europeo o global, este miércoles ha reiterado las intenciones María Jesús Montero, la titular de Hacienda.
La ministra lo ha hecho después de que el periódico El Mundo haya desvelado en el día de hoy que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha remitido un argumentario a sus embajadas en países que consideran establecer un gravamen a compañías del sector tecnológico, como España.
En línea con lo argumentado contra la tasa Google aprobada en Francia, el texto ordena a los responsables diplomáticos que avisen de "represalias" a los Gobiernos que den el paso de forma unilateral de crear un gravamen de este tipo. La ministra Montero ha calificado la amenaza de "inadmisible".
Estados Unidos: "La Administración Trump no se quedará de brazos"
De acuerdo con lo publicado por el diario de Unidad Editorial, el argumentario afirma literalmente que "la Administración Trump no se quedará de brazos cruzados ni tolerará ninguna discriminación contra compañías con sede en EE. UU.". El documento asegura a los embajadores estadounidenses que el compromiso internacional es el de negociar un nuevo régimen fiscal dentro de la OCDE y señala que los Estados no deben actuar en solitario.
Las amenazas siguen con palabras todavía más duras. "Si un país se mueve fuera del procedimiento en curso en la OCDE e impone unilateralmente un Impuesto sobre los Servicios Digitales, Estados Unidos tomará seriamente en cuenta acciones de represalia", cita la información, apuntando que las represalias que se anuncian no se concretan.
El texto admite que las empresas independientemente de su condición "deben pagar su parte justa de impuestos" y reconoce que los sistemas fiscales deben adaptarse al nuevo escenario que plantea la economía digital.
Sin embargo, reitera que el acuerdo sobre adaptaciones en materia fiscal debe darse a nivel internacional y no duda en mantener que "Estados Unidos analizará todas las opciones legales para responder a cualquier país que implante el Impuesto sobre Servicios Digitales con impacto potencialmente discriminatorio y de trato nacional preferente".
Este análisis, cita El Mundo, se hará "a la luz de nuestros acuerdos y tratados internacionales, incluida la Organización Mundial de Comercio, y nuestro comercio interior y normativa fiscal" y critica que hay gobiernos "especialmente en Europa" que "están politizando" el asunto. Según las autoridades estadounidenses, buscan impuestos "diseñados intencionadamente para compañías de EEUU dejando fuera las locales y nacionales". Añaden, además, que impuestos de este tipo serían desfavorables para los consumidores porque les serían repercutidos a ellos.
La 'tasa Google' española volverá al Congreso
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha rechazado hoy en declaraciones a la prensa cualquier intromisión estadounidense en en la política fiscal. Considera que la amenaza es "inadmisible" y ha asegurado que cuando se forme el Gobierno volverán a llevar la tasa Google al Congreso de los Diputados.
Montero, no obstante, ha declarado que no han recibido oficialmente ningún tipo de pronunciamiento de las autoridades de Estados Unidos ni "ningún tipo de contacto o de amenaza o de advertencia de nadie". Ha dicho, además, que la amenaza "es un término más periodístico que diplomático". En todo caso, concluye que la vía diplomática sería la adecuada para canalizar las quejas de un Ejecutivo, como ha pasado en el caso francés.
Por otro lado, ha reiterado lo manifestado 24 horas antes por su compañera en el Consejo de Ministros, la titular de Economía, Nadia Calviño, sobre la intención del Ejecutivo de seguir con la tasa Google española. Asegura que todos los cambios fiscales incluidos en el fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estados de 2019 siguen adelante. Declaraciones que contrastan con lo puesto negro sobre blanco en el documento programático del PSOE para sentar las bases de un futuro Gobierno. En este texto el actual partido de Gobierno renuncia a impulsar el gravamen a nivel estatal y se encomienda al ámbito europeo.
Esta pretensión, como ha señalado, puede llevarse a cabo sin perjuicio de que finalmente pueda alcanzarse un acuerdo a nivel de la Unión Europea para establecer el gravamen. De ser así, se adaptaría a lo acordado.
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