El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha publicado en audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, más conocido como la ley de startups.
La consulta a la ciudadanía y agentes interesados se produce después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a este anteproyecto que pretende impulsar el ecosistema español de empresas emergentes y la atracción de talento con diferentes medidas de todo tipo tanto destinadas a las propias compañías nacientes como a algunos tipos de trabajadores.
Echamos un vistazo a lo más destacado de este anteproyecto de la ley de startups.
Promesas para el ecosistema español de empresas emergentes
Una de las medidas más destacadas, sin lugar a dudas, es la reducción del tipo del impuesto de sociedades del 25 al 15 % durante un máximo de cuatro años. Estas suavización de la tributación inicial de estas empresas, como la describe el Gobierno, se acompaña de moratorias en el pago de deudas tributarias, suspensión de los pagos fraccionados y medidas favorables a las stock options.
Asuntos Económicos y Transformación Digital explica que se eleva el importe de la exención de 12.000 a 45.000 euros al año en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra, al tiempo que "se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada".
Destaca también en el anteproyecto una importante medida que afecta a los nómadas digitales. Pero no a todos en general, sino a los no españoles, para los que se crea un nuevo tipo de visado para favorecer su instalación en España, desde donde podrán teletrabajar para empresas extranjeras, y también un régimen tributario específico.
De este modo, estas personas teletrabajadoras desplazadas a territorio español se someterán al impuesto sobre la renta de no residentes. De hecho, el requisito de no ser residente fiscal en España para de 10 a 5 años. También se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados en el caso de este impuesto, que afecta a personas, y en el del de sociedades, que afecta a las empresas
También, en clave económica, este anteproyecto de ley contempla la elevación de la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales con el fin de fomentar la inversión. Se acompaña, además, por una elevación también del tipo de deducción, la cual pasa del 30 al 40 %, así como el periodo en el que una compañía se puede considerar como de reciente creación. Con carácter general, se eleva de 3 a 5 años, aunque en ciertos sectores se puede llegar a los 7.
Siguiendo con las inversiones, el texto del que puede ser la futura Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes incluye la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros, el conocido como NIE, para los inversores no residentes. Solo se exigirá que tanto estos inversores como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal, nada más.
Un cambio administrativo que se suma al de facilitar los ceses de actividad, asegura el ministerio, "teniendo en cuenta que el fracaso de una empresa emergente debe aceptarse como un hecho normal". Se podrán cumplimentar por vía electrónica.
No menos importante es la creación de entornos de prueba regulados. Basándose en el sandbox que se creó para el sector financiero, se pretende promover la creación de "entornos controlados, por períodos limitados de tiempo, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva". En el caso del sandbox financiero, el espacio ayudó al progreso de soluciones fintech y la comercialización de sus productos.
El impulso de una ley de startups es uno de los objetivos recogidos en la agenda España Digital 2025.
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