El gobierno mexicano usó el malware Pegasus para espiar a periodistas y activistas de su país

Algunos de los periodistas y defensores humanos más prominentes de México han sido víctimas de una campaña de espionaje por parte del gobierno federal. Como publica la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, han documentado 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016.

Pegasus es un malware conocido que se infiltra en los smartphones y puede monitorizar llamadas, SMS, emails, contactos y calendario, además de tomar control de micrófono y la cámara del móvil para vigilar al usuario. Este sofware de vigilancia solo puede ser comercializado a gobiernos, y estos solo deben usarlo, en teoría, para investigar criminales y terroristas.

Para infectar al usuario, este recibe un SMS en su móvil que intenta persuadirlo de hacer click en un enlace haciendose pasar por una noticia, aviso, o mensaje de un amigo o familiar. Si la persona hace click, Pegasus se aprovecha de un trío de vulnerabilidades descubiertas en iOS para instalarse en el dispositivo.

Algunos de los blancos del programa incluyen a abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos periodistas influyentes del país, y una ciudadana estadounidense que representa a víctimas de abuso sexual por parte de la policía, como reportan en el New York Times.

En enero de 2015, la periodista Carmen Aristegui recibió un mensaje de texto diciendo que "el mensaje anterior no fue enviado" junto con un enlace. La periodista recibió otros 25 miensajes que se hacían pasar por información de la Embajada de Estados Unidos en su país, su banco, su compañía telefónica y más. Esto ocurrió al mismo tiempo que tenían lugar sucesos como la exoneración del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.

R3D exige que se lleve a cabo una investigación exhaustiva por la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal han adquirido el malware de vigilancia, algunas sin facultades legales para ejercer este tipo de acciones.

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