El canon catalán al ADSL queda suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional

A finales del año pasado os contamos que el Parlamento de Cataluña había aprobado una tasa para las operadoras de ADSL, cobrándoles a cada una 25 céntimos por mes y cliente. Pero este canon no ha durado demasiado, y esta misma tarde el Tribunal Constitucional lo ha suspendido cautelarmente al admitir a trámite un recurso contra él presentado por el Gobierno Central.

Esta tasa había sido aprobada con la intención de conseguir financiación para la difusión cultural y las producciones audiovisuales catalanas. Pero según el Gobierno invade las competencias que le corresponden al estado en materia de Hacienda al solaparse con el IVA, razón por la que había presentado su recurso.

Con esta decisión el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el asunto, y lo único que ha hecho ha sido admitir a trámite un recurso, algo por lo que automáticamente la tasa ha quedado suspendida, y trasladar la demanda al Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierto y el Parlamento catalán.

La Generalitat catalana ve voluntad recentralizadora

Las valoraciones no se han hecho esperar, y mientras el Gobierno ha alegado que el impuesto catalán incurría en una extralimitación competencial, la vicepresidenta de la Generalitat Neus Munté asegura que decisión muestra "la voluntad recentralizadora del Gobierno central, y la de asfixia de la ciudadanía y los sectores productivos".

En un principio esta ley había sido aprobada en el Parlamento Catalán por todos los partidos a excepción del PP y Ciudadanos, aunque esto no ha impedido que en plena campaña electoral se haya topado con el Tribunal Constitucional y el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que dice que "los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado".

Como no podría ser de otra manera las compañías telefónicas también se mostraron desde el principio en contra de esta iniciativa. El argumento que esgrimían era precisamente el de calificar el impuesto como injusto al estar pagando ya un canon parecido a nivel estatal.

Vía | ElConfidencial
Imagen | Maria Rosa Ferre
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