ACTUALIZACIÓN
Desde las dos empresas en cuestión nos han hecho llegar el siguiente comunicado:
"VICEDO MARTÍ y ENFAVI consiguen rebajar un 15 por ciento la indemnizacion que cobrará BSA The Soft Alliance por todos los conceptos, frente a la cantidad que consta en la noticia aparecida en este periódico el 29 de mayo.
Esto ha sido posible gracias a un acuerdo transaccional suscrito entre las partes por la satisfacción extraprocesal, que ya fue presentado al juzgado correspondiente el pasado día 18 de mayo, solicitando su homologación y archivo de procedimiento.Dos empresas valencianas han sido condenadas por la instalación y reproducción de programas de ordenador infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores. La cantidad que tendrán que pagar es una de las más altas en materia de indemnizaciones que se han visto en España.
Al parecer, la queja habría partido de un organismo internacional que persigue el uso de software pirata conocido como BSA, The Software Alliance. Se trata de una alianza mundial de distintos desarrolladores de software que opera desde 1989. Su sede central está en Washington DC, y tiene presencia en más de 80 países.
Esta alianza de fabricantes lleva a cabo dos tipos de acciones: por un lado concienciación contra la piratería empresarial, y por otro lado acciones de corte legal contra quienes incumplen las normas establecidas. No es la primera vez que la BSA toma cartas en la Comunidad Valenciana, ya que en 2015 avisaba al parque empresarial del territorio que el uso de software pirata se pena con la cárcel.
Pero, ¿cómo sabe la BSA qué empresas utilizan software pirata? Pues según declaraba al medio Carlos Pérez, abogado de la firma legal del organismo en España, "en un 60% de los casos suelen ser denuncias de ex empleados, o incluso de empleados actuales". A través de la web de BSA se puede rellenar un formulario estándar de denuncia de libre acceso, aunque no se investigan todas:
Cualquier persona puede incluir sus quejas y BSA se encarga de remitirlas a sus consultorías legales, desde donde se analizan y se decide si tienen fundamento. De ellas, más o menos la mitad se descarta por falta de consistencia, pero el resto acaba en una investigación.
La mayoría de denuncias que llegan a los tribunales suelen ser contra empresas de gran envergadura, mientras que las pequeñas y medianas empresas suelen avenirse a un pacto económico, según se recoge. Si la empresa manifiesta una actitud colaborativa, se puede rebajar la sanción económica y se ofrecen incluso acuerdos de confidencialidad.
Vía | Valencia Plaza
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