No es algo que todo el mundo sepa, pero cuando hablamos de transparencia de las administraciones públicas y del acceso a la documentación de las mismas, no nos referimos únicamente a que la ciudadanía pueda leer informes oficiales y actas de reuniones, sino frecuentemente también el contenido de las comunicaciones electrónicas de políticos y funcionarios…
…incluyendo correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp; pero el problema de lo digital es que, teniendo su eliminación a un mero clic de distancia en la mayoría de los casos, es fácil que —por descuido o (des)interés— dicha clase de documentación termine 'perdiéndose'…
Esos emails de los que usted me habla
El neerlandés Martijn F. Nouwen es el director del 'Institute for Tax Transparency' (Instituto para la Transparencia Fiscal), un activista y estudioso de la jurisprudencia que se halla inmerso en una investigación sobre el modo en que los estados de la UE negocian y monitorizan sus multimillonarios acuerdos fiscales con compañías multinacionales.
Su baza en dicha investigación era el Reglamento de la UE nº 1049/2001, que garantiza a los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea UE el "acceso más amplio posible" a todos los documentos en posesión de los organismos comunitarios (Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la UE), y que se establezcan las normas necesarias para permitir dicho acceso con "la mayor facilidad posible".
Hay muy pocas excepciones al ejercicio de este derecho (aunque es cierto que algunas de ellas son algo amplias): sólo es legítimo mantener la documentación lejos del escrutinio ciudadano en aquellos casos en que peligre la seguridad pública, los asuntos militares/diplomáticos/económicos de un estado miembro o si la difusión obligara a difundir datos personales.
El problema de Nouwen es que cuando solicitó el acceso a la documentación que estaba buscando —que él esperaba que fuera cuantiosa, con cientos o miles de documentos relacionados con los "acuerdos avanzados de fijación de precios"— desde la Comisión Europea le informaron de que sólo tenían tres documentos relacionados con el tema… y finalmente sólo le entregaron uno de ellos. Y lo que más extrañó a Nouwen es que el ejecutivo comunitario afirmara explícitamente que no disponían de ningún e-mail sobre ese asunto.
¿Qué había pasado? Nouwen descubrió que la Comisión, básicamente, decide por sí misma qué documentación merece ser conservada y cuál es irrelevante. Y eso se traduce en que emails y mensajes instantáneos son considerados como documentación "de corta duración", por lo que arbitrariamente se ven excluidos de los criterios establecidos en el Reglamento de Transparencia y, regularmente, se eliminan enormes volúmenes de mensajes.
'Trasparencia' es lo que yo diga (y 'documento', lo mismo)
¿Cuántos? Ni la misma Comisión lo sabe con seguridad: sólo en octubre el personal de la Comisión generó 75 millones de correos electrónicos. Como la mayoría de ellos se considera que no contienen "información relevante", su contenido no se carga en el registro Ares de la UE… por lo que la información desaparece gracias a un sistema automatizado de "eliminación masiva instantánea" que lleva en funcionamiento desde julio de 2015.
El problema es que los criterios para evaluar algo como 'importante' han demostrado ser altamente subjetivos en este caso. Alexander Fanta, periodista del medio Netz Politik solicitó el pasado mes de mayo acceso al intercambio de mensajes entre la presidenta Ursula von der Leyen y Albert Bourla, el director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer (cuya existencia se hizo pública gracias a un reportaje del New York Times).
La respuesta a su solicitud, firmada por Ilze Juhansone, secretaria general de la Comisión, fue que ésta no está en posesión de dichas comunicaciones por tratarse de
"documentos de corta duración que no contienen en principio información importante sobre asuntos relacionados con las políticas, actividades y decisiones de la Comisión".
En resumen, que todo asunto que la Comisión Europea quiera mantener alejado del escrutinio público basta con que lo negocien por WhatsApp, porque
"la política de mantenimiento de registros de la Comisión excluiría en principio la mensajería instantánea".
Todo esto a pesar de que el Reglamento de Transparencia define "documento" en los siguientes términos:
"Todo contenido, sea cual fuere su soporte (escrito en versión papel o almacenado en forma electrónica, grabación sonora, visual o audiovisual) referentes a temas relativos a las políticas, acciones y decisiones que sean competencia de la institución".
Me pareció ver una linda ilegalidad…
En declaraciones a Der Spiegel, el experto en normativa europea Alexander Thiele ha expresado su opinión de que dicha "negación general de la relevancia política o legal de los mensajes de texto" sería "más que legalmente cuestionable". Lo mismo ocurre con el principio de 'borrar todo lo que no se haya subido expresamente al registro Ares', porque la normativa europea sugiere adoptar el enfoque contrario: conservar todo lo que no sea explícitamente clasificado como privado.
Este problema surgió, por supuesto, con anterioridad al mandato del actual ejecutivo comunitario. Sin embargo, Von Der Leyen no parece contar con el mejor historial para devolver a la Comisión a la senda de la transparencia: el parlamento alemán ya tuvo que investigarla cuando se supo que se había dedicado a borrar mensajes de texto de sus móviles oficiales durante el período en que ejerció como ministra de Defensa.
Vía | Der Spiegel
Imagen | Basada en original de Pink Sherbet Photography
