Usar el móvil en los colegios e institutos es cada vez más frecuente: la AEPD advierte de los riesgos

Si bien antaño el uso de los smartphones estaba completamente prohibido en las clases, es inevitable que este dispositivo influya en nuestras vidas tras el uso que le damos constantemente. Tanto es así, que con el tiempo, en algunos centros educativos está permitido su uso en las aulas, aunque depende del contexto y caso.

Hay profesores que utilizan los teléfonos móviles para usar aplicaciones como Kahoot y ponerle cuestionarios a sus alumnos. Y es que siempre que se haga un uso responsable del mismo, no debería de haber ningún problema. Sin embargo, hay una serie de recomendaciones que se deben de tener en cuenta. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha publicado recientemente una guía con recomendaciones sobre el uso del teléfono móvil en las aulas. Bajo estas líneas te contamos más detalles.

Un uso que puede vulnerar varios derechos

La AEPD admite que el uso de las pantallas en clase puede “afectar gravemente a los derechos y libertades fundamentales de los alumnos y a su desarrollo integral como personas". La organización se refiere tanto al uso del móvil, como a cualquier pantalla y portátiles en la enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria. Según la AEPD, desaconseja su uso y recomienda recurrir a otros recursos “más idóneos” para conseguir el fin pedagógico “sin poner en riesgo la privacidad”.

Esta negativa por parte de la AEPD ante el uso de pantallas en las aulas no viene condicionada por temas de salud ni bienestar digital, sino porque un mal uso puede conllevar a “generar responsabilidad administrativa por infracción de la normativa de protección de datos”. Además, la AEPD advierte que esto puede "dar lugar a una indemnización civil por los daños y perjuicios materiales e inmateriales que se hubieran causado, de la que podrían llegar a responder solidariamente los centros y las administraciones educativas".

En España, Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra han aprobado leyes en los últimos años que prohíben el uso del teléfono móvil si no es para un fin educativo. En País Vasco, esto lo dejan en manos de los propios centros educativos. Según el INE, a los 12 años, más del 70% de los alumnos tienen un teléfono móvil.

En muchos centros educativos, el teléfono móvil se utiliza como herramienta de aprendizaje adicional. Esto, si bien puede lograr un enfoque preciso y divertido con el uso de las tecnologías digitales, la AEPD también advierte de que este uso entraña unos riesgos para los alumnos "de los que en muchas ocasiones no son conscientes".

Algunos profesores tampoco son conscientes, a pesar de que utilicen el móvil con la mejor de las intenciones. Desde la AEPD recuerdan que estos dispositivos pertenecen a las familias o al propio alumnado (y no al centro), por lo que mientras se usan se están tratando un gran volumen de datos personales alojados en servidores y en servicios que no dependen del centro educativo.

"Los dispositivos digitales en el ámbito educativo tratan mucha información sin una separación clara entre el ámbito estrictamente educativo y la esfera privada de los usuarios", asegura la AEPD. Si no se tienen en cuenta todos sus riesgos, su uso podría provocar que, por ejemplo, se pueda geolocalizar al usuario, o que se tenga un control de su hábito de uso, todo ello situaciones indeseadas para los centros educativos y que se permitirían de manera inconsciente mediante el uso del teléfono móvil.

Según la AEPD, antes de que los profesores permitan el uso del móvil en las aulas, recomienda que se haga un juicio de proporcionalidad, para así saber si su uso trae más beneficios que perjuicios. También de necesidad, si realmente es necesario o si otros recursos pueden obtener el mismo fin.

En caso de que no se valoren estos riesgos el profesorado podría vulnerar varios derechos, entre ellos el derecho a la no discriminación y a la educación (en caso de que se requiera un móvil y una tablet con unas características que no todos los alumnos posean), el derecho fundamental a la intimidad, a la vida privada y familiar, el derecho a la integridad física (en caso de que se geolocalice al usuario), el derecho a la salud mental (en caso de que el menor se exponga a patrones adictivos) y el derecho a la protección de sus datos personales.

El incumplimiento de la normativa podría suponer multas desde 500 hasta los 10.000 euros para los centros educativos privados y concertados. En caso de colegios públicos, se abriría un expediente de apercibimiento.

Según informa El Mundo, un joven de 16 años ya ha sido sancionado por la AEPD y sus padres han tenido que pagar 5.000 euros por extorsionar a una chica de 13 años. La menor presuntamente envío voluntariamente contenido íntimo, pero luego el chico le amenazó y obligó a mandarle más contenido tras decirle que publicaría este contenido si no le hacía caso.

Imagen de portada | Chivalry Creative

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