Airbnb se acaba de apuntar un tanto judicial que podría marcar un antes y un después en su batalla legal con las instituciones. En 2014, la ciudad de Barcelona multó a la aplicación colaborativa con 30.000 euros al considerar que reviste un servicio ilegal con apariencia de legalidad dando una falsa seguridad a sus usuarios. Ahora un juez de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha estimado el recurso que interpuso la aplicación tras pagar la multa, y le ha dado la razón.
Para el Tribunal Superior de Justicia Catalana no hay base para considerar la web "ilegal" según informa Teknautas tras tener acceso a la sentencia. Por eso ha anulado la sanción impuesta por el ayuntamiento de Barcelona, lo que sienta un precedente al que Airbnb se podrá agarrar en futuras disputas.
La Generalitat sancionó a Airbnb porque la app intermediaba entre turistas y propietarios sin que estuvieran inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña. También decían que en incumplía la normativa al ofrecer habitaciones entre particulares, e incluso la amenazó con bloquear el acceso a su web desde Cataluña si no retiraba las viviendas ilegales de su catálogo.
Ahora, en la sentencia del TSJC asegura que Airbnb intermedia entre los usuarios, aunque no como servicio turístico sino realizando un "proceso tecnológico o informático de aproximación entre cliente y persona dispuesta a ceder por precio el uso temporal" de su vivienda. Y es que al final los precios y las especificaciones de uso los establecen los propios usuarios.
Igual que pasa con las aplicaciones P2P para compartir contenidos, las instituciones están enfocando la economía colaborativa como una amenaza y atacando a las empresas que ponen en contacto a usuarios. Sobre esto, el TSJC aclara que "ofrecer intermediación no está anudado a la exigencia de una habilitación turística específica que haya sido identificada por la Administración. Falta un precepto en la Ley que diga expresamente algo similar a 'queda reservada esta actividad también a autorización de la Administración'".
Un precedente en la batalla contra Airbnb
Desde que el ayuntamiento de Barcelona le pusiera la multa de 30.000 euros a Airbnb en 2014, ha tomado varias medidas más contra la aplicación. En 2015 le volvió a multar con otros 30.000 euros, y tras endurecer las medidas contra ella, el pasado noviembre hubo una nueva multa.
Por lo tanto, de la misma manera que la sanción del 2014 sentó un precedente que significó el pistoletazo de salida de las acciones contra Airbnb, esta sentencia podría significar lo mismo para la aplicación y ayudarle a evitar nuevas multas de ahora en adelante. El ayuntamiento ya ha asegurado que va a recurrir la sentencia, por lo que habrá que ver cómo acaba esta lucha entre instituciones y economía colaborativa.
Vía | Teknautas
Imagen | Open Grid Scheduler
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