Si bien Airbnb supuso el despertar y la popularización de un turismo distinto, que iba más allá de las habitaciones de hotel y permitió que muchos lugares que carecían de este tipo de oferta dieran cabida a nuevos visitantes, lo cierto es que este despegue no ha estado exento de problemas y limitaciones.
Una veda que algunos gobiernos han tratado de establecer frente a las protestas de los negocios tradicionales y que en Madrid, por ejemplo, se plasmó de la mano del conocido como decreto anti-Airbnb. Una normativa que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de tumbar.
Adiós al decreto anti- Airbnb
De esta manera, el organismo vuelve a darle alas a la economía colaborativa frente a las reticencias iniciales. Sí, porque la entidad finalmente ha declarado la nulidad del decreto de alquiler de viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid -79/2014 del 10 de julio-, que prohibía aquellas estancias que no alcanzaran los 5 días (estableciendo la obligatoriedad de que los visitantes se quedasen más tiempo).
Una decisión que ha tomado tras revisar los recursos presentados en marzo del año pasado por Madrid Aloja (la Asociación de particulares, gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional en la Comunidad de Madrid) y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia).
¿La razón? Que el TSJM considera que el establecimiento de este mínimo atenta contra la normativa europea y española y que supone un obstáculo para la competencia efectiva, ya que, al fin y al cabo, lo que se está es evitando el “libre acceso al mercado de clientes y nuevos competidores”.
Ahora bien y respecto al recurso de Madrid Aloja, también ha fijado que los propietarios de estas viviendas deberán inscribirlas en el registro de empresas turísticas y declarar su actividad como corresponda. El organismo también ha censurado el hecho de que esta estancia mínima no se justificase en ningún momento y ha apostado por “defender los derechos de los usuarios”.
Otras consideraciones
Al margen de la Comunidad de Madrid, no podemos dejar de hablar del reciente comunicado de Bruselas que, hace diez días, se alzó a favor de negocios como Uber y el citado Airbnb. Un asunto que, como comentábamos, ha llevado aparejadas prohibiciones y otra clase e iniciativas para vetar su uso.
De hecho, actualmente y respecto a la protagonista de nuestro artículo, los arrendadores de Berlín que alquilen todo un apartamento se enfrentan a multas de hasta 100 mil euros. Por no mencionar otras protestas acontecidas en nuestro país o el caso de Cataluña. En cuanto a Uber, por otra parte, se ha topado con limitaciones parciales en Alemania, Francia y Bélgica.
Una cuestión tremendamente polémica ante el que la Comisión Europea decidió posicionarse para afirmar que las censuras totales de esta clase de servicios solamente deberían utilizarse como medida de último recurso; instando, al mismo tiempo, a los países miembros y en todo caso, a establecer restricciones más moderadas “que permitan el desarrollo de estas herramientas”. En definitiva el primer paso que apunta a la instauración de un marco regulador común.
En Genbeta | Bruselas se alza a favor de los negocios como Uber y Airbnb
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