El Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual ha sido presentado por el Gobierno a audiencia pública iniciando el camino de la armonización con la directiva de servicios de comunicación audiovisual aprobada en 2018.
La futura norma, que tendrá que iniciar su tramitación parlamentaria tras la audiencia pública, pretende abordar la irrupción de las plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix, Prime Video, HBO o Disney+ haciéndoles asumir obligaciones similares a las que ya tienen las cadenas de televisión.
Esta adaptación de la legislación española a las normas comunitarias y su actualización a la nueva realidad del mercado audiovisual establece que estos nuevos actores establecidos en España estén sometidos a las mismas obligaciones que el resto. Los establecidos fuera del territorio español que dirijan servicios al país solo tendrán una obligación: la de financiar obra audiovisual europea.
A partir de 50 millones de euros de facturación... que podría ser auditada
El anteproyecto de ley, que puede consultarse a través de la web de la audiencia pública, señala que serán los prestadores con una facturación superior a los 50 millones de euros anuales generada por sus servicios en España los que "deberán destinar el 5 % de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía".
De ese porcentaje, un mínimo del 70 % deberá ir a proyectos de productores independientes, mientras que de este 70 % un mínimo del 40 % se deberá destinar a financiar películas de productores independientes en cualquiera de las lenguas oficiales de España.
Si estas plataformas generan una facturación en España inferior a 50 millones de euros al año, ese 5 % podrá ir tanto a la financiación de obra audiovisual europea o el Fondo de Protección de la Cinematografía como a la compra de derechos de obra audiovisual europea terminada. Y, de nuevo, un mínimo del 70 % de ese dinero deberá ir a producciones independientes.
Exentos quedarán los prestadores con una facturación anual en España inferior a 10 millones de euros.
Los umbrales establecidos para el tipo de ingresos llama la atención teniendo en cuenta que la principal plataforma de este tipo por popularidad y estimación de usuarios, Netflix, ha declarado en España a través de las dos filiales que tiene establecidas unos ingresos de 538.921 euros en 2018. Con estos números —que distan de los 5.500 millones de euros ingresados Holanda, país en el que declara el 40 % de los ingresos mundiales— evitaría las obligaciones.
No obstante, Netflix, Prime Video, HBO, Disney+ y demás plataformas estarán obligadas a inscribirse en un nuevo registro de prestadores de servicios audiovisuales y, las que se encuentren inscritas, podrán recibir requerimientos de la autoridad la CNMC para conocer sus ingresos reales en España.
Por lo demás, el anteproyecto de ley también fija para las plataformas establecidas en España, no en tercero países, al menos un 30 % de obras europeas en sus catálogos con un 50 % de ese porcentaje en lenguas españolas y no entra en la financiación de RTVE por parte de estos prestadores de servicios, un asunto que estaba sobre la mesa. En la actualidad, las cadenas de televisión en abierto, canales de pago y operadores de telecomunicaciones ayudan a financiar la corporación.
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