La juez estadounidense Theresa Carroll Buchanan ratificó este viernes la orden del Departamento de Justicia por el que obliga a Twitter a entregar los datos de los usuarios que mantuvieron cualquier tipo de contacto con WikiLeaks cuando le sean solicitados por las autoridades en el marco de una investigación. La magistrada volvía a rechazar los argumentos sobre la violación del derecho a la intimidad y la libertad de expresión y asociación esgrimidos por los usuarios "investigados".
Birgitta Jonsdottir, miembro del parlamento de Islandia, el holandés Rop Gonggrijp y el estadounidense Jacob Appelbaum son los tres usuarios sobre los que los federales primero (y los fiscales después) se interesaron hasta llamar a la puerta de Twitter para que les entregase el historial con todos los datos sobre los "movimientos, contactos y seguidores" de los "sospechosos" de relacionarse con WikiLeaks, el propio Julian Assange y en el pasado con Bradley Manning.
Los tres usuarios incluidos en la orden judicial intentaron anularla. De nada ha servido. Más bien la jueza viene a interpretar que una ley federal permite obtener ciertos datos electrónicos sin una orden judicial previa y recuerda en la sentencia que "la libertad de asociación y expresión no impide que se coopere con las investigaciones gubernamentales legítimas".
Tampoco cree que se viole la cuarta enmienda pues los datos que se solicitan son datos sobre las cuentas de los usuarios en relación a como se utilizan y no el contenido de los tweets o mensajes directos. Sería según la decisión judicial el equivalente a pedir una lista de números de teléfonos entrantes y salientes.
Los abogados de Jonsdottir y de los otros dos acusados argumentaron que la orden violaba los derechos constitucionales que protegen la libertad de expresión y asociación. Los abogados de los tres usuarios de Twitter, defendidos por la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation (EFF), ya han anunciado que apelarán la sentencia.
En ambas asociaciones se confía en que al final los tribunales les darán la razón aunque manifestaron estar "terriblemente decepcionados". Por su parte desde WikiLeaks se ha criticado duramente la decisión judicial y se aclara que ninguno de los tres usuarios de Twitter trabajó para ellos. "Únicamente dos de ellos nos ayudadaron a hacer público el vídeo que mostraba imágenes grabadas por la cámara de un helicóptero de EE.UU en Bagdad mientras disparaba a matar contra varios civiles entre los que se encontraba el fotógrafo de la agencia Reuters.
El ministro de Asuntos Exteriores islandés, Oessur Skarphedinsson calificó de inaceptable que las autoridades de EE.UU. exijan información sobre el contenido de la cuenta en twitter de la diputada Birgitta Jonsdottir.
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