Los operadores franceses más dóciles al Sistema, Numericable y Bouygues Telecom (aguas), han sido los primeros en enviar correos de advertencia a sus clientes por descargas presuntamente ilegales. SFR y Orange le han seguido los pasos. El proveedor rebelde y libre no ha enviado nada pues ha inundado de papel a la Alta Autoridad y lo suyo va con retraso. Es una de las "objecciones tácticas" que ha preparado el objetor indomable de los precios baratos y los inicios en el ciberporno.
Pero el hombre que le ganó el pulso a PRISA y Sarkozy (con la ayuda de la redacción) y se quedó Le Monde, Xavier Niel, presidente y fundador de Free, va más allá y denuncia que:
Los otros operadores colaboran con HADOPI. Free cumple la ley.
Un claro desafío que vuelve a poner en cuestión la legalidad del proceso, más allá de lo injusto del fondo de la cuestión. En Francia se hace apuestas sobre lo que tardará un Fiscal en encontrar "algo" al outsider que se rebeló contra el Sistema.
La ley, conocida como HADOPI (del nombre en francés de la Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de los Derechos en Internet), prevé que en el caso de una descarga ilegal identificada y reiterada se suspenda, tras dos advertencias y con autorización de un juez, el acceso a internet del usuario en cuestión.
Tras este primer mensaje de advertencia, el internauta, si reincide en los seis meses siguientes, recibirá una segunda advertencia en forma de una carta certificada. A la tercera infracción, el usuario corre el riesgo de ser multado y de que se le suspenda el acceso a internet hasta por un año, sin posibilidad de suscribirse a otro operador.
Esos correos electrónicos fueron enviados una semana después de que la HADOPI divulgara el modelo de texto del mensaje dirigido a quienes descargan contenidos de internet de forma ilegal y lanzase, no sin problemas, su sitio en internet.
La ley impulsada por el gobierno conservador francés fue objeto de un caótico recorrido legislativo y de una fuerte contestación en la red y las calles (foto). En junio de 2009 el Consejo Constitucional, instancia suprema que garantiza en Francia la constitucionalidad de las leyes obligaba a modificar algunos aspectos de la misma. La derecha francesa no contemplaba ni la más mínima supervisión judicial.
En Nación Red | Hadopi / Filtrado un documento confidencial con medidas para controlar la red Foto | alphoenixnet