Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.
Ahora también es colaborador de Nación Red.
Cuando en el año 2001 se hizo público el anteproyecto de LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico que promovía el Gobierno del Partido Popular, el activismo digital sufrió una división traumática, que en buena parte fue auspiciada por sectores gubernamentales.
Mientras la comunidad de usuarios agrupada en torno a Kriptópolis cerró filas contra el proyecto, la Asociación de Internautas consideró mejor estrategia intentar introducir enmiendas para minimizar el impacto de la LSSI sobre las libertades en la Red. Ambos colectivos compartían el objetivo común de evitar la censura administrativa de Internet, pero diferían en la praxis.
El resultado final fue el que fue. Aunque en los debates parlamentarios se mejoró la redacción, la LSSI entró en vigor, y desde entonces supone un peligro para la libertad de expresión en la Red. Ello resulta evidente si se tiene en cuenta que todos los posteriores intentos gubernamentales de control de la Red han pivotado sobre una posible reforma de la LSSI, y siempre a instancias de los mismos poderes económicos: así fue en el año 2007, con la Ley de Impulso (hacia atrás) de la Sociedad de la Información, y así está siendo en este año 2010 con la Ley Sinde.
El primero en decirlo fue Hegel: la historia siempre se repite. A lo que Marx añadió: una vez como tragedia, y la otra como farsa. De la misma forma que en el año 2001, los trolls pro-gubernamentales están intentando crear división en la Red, por la vía más fácil: radicalizar las posturas más extremistas.
Después del Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, publicado el pasado 2 de diciembre, diferentes colectivos se han movilizado en contra del intento de censura administrativa que representa la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible. Además de la movilización habitual de la Asociación de Internautas y Asociación de Usuarios de Internet, se han formado dos polos de resistencia, que a tenor de los idearios que han publicado en sus respectivas páginas web, cualquier observador neutral puede ubicar fácilmente a izquierda y derecha de la Red: Red Sostenible y Libertad 2.0.
En todo conflicto siempre hay personajes oscuros, que obtienen suculentos réditos de sembrar discordia. Y así, los mismos que en diciembre clamaban contra el lenguaje de otras declaraciones en defensa de una red libre surgidas desde la izquierda digital, ahora despotrican en Twitter contra lo que denominan “facherío” liberal. Su forma de medrar, sea en la universidad, en la agencia de imagen, en la consultoría o en las cloacas del poder, pasa siempre por crear división.
El activismo digital necesita un consenso imprescindible, si aspira a constituir un contrapoder con capacidad de movilizar la sociedad. Y ese consenso sólo puede articularse en torno a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 a 29 de la Constitución.
Con independencia de nuestras posiciones sobre la intervención o no del Estado en la economía o sobre la función social de la propiedad, debe haber un punto de consenso entre todos los que se consideren demócratas. Cuando lo que está en juego es la propia supervivencia de la Red como territorio en libertad, han de trabajar juntos, en un frente amplio, todos aquellos que coincidan en que sólo el Poder Judicial ha de tener la última palabra en materia de libertad de expresión o de derecho a la intimidad.
La convivencia en libertad obliga a tragarse muchos sapos. Miguel Ángel Aguilar recordaba hace pocos días, en uno de sus magistrales artículos, lo difícil que fue tejer el consenso que hizo posible la Transición, de la que tanto abominan ahora algunos ignorantes que nunca han sabido lo que es vivir con miedo.
Hubo una vez un país en el que gente que se aborrecía tuvo que sentarse a negociar: personas tan alejadas como democristianos y comunistas acabaron integrándose en una gran plataforma, Coordinación Democrática, para exigir la apertura de un proceso constituyente.
Todos aquellos que estén de acuerdo en que sólo el Poder Judicial pueda decidir las líneas rojas de Internet han de luchar unidos: cada uno en su barco, pero en la misma flota. La Red española vive momentos decisivos. Y en los momentos decisivos, alguien tiene que dar el primer paso, tender puentes y ofrecer la mano.
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