Bautista, Neri y sus empleados, en connivencia con Caco Senante y otros miembros de la candidatura oficialista, espiaron, entorpecieron e hicieron todo lo posible por denigrar al candidato alternativo, José Miguel Fernandez Sastrón. Lo cuenta hoy el diario ABC que ha tenido acceso a un detallado informe de la Guardia Civil que forma parte del sumario de la causa que instruye el juez Ruz.
Por ejemplo, mientras la candidatura oficialista (CPAC) contaba con el censo de la elección anterior, incluidas las direcciones de los socios, Neri, el último preso de la SGAE y entonces miembro de la Comisión Electoral que debía velar por la transparencia del proceso, "consultaba con ellos cada movimiento animándoles a cumplimentar todos los trámites", DOM solo pudo acceder a los nombres, sin email ni teléfono de sus posibles votantes, y eso tras protestar con cartas ante notario.
Pero como responsable del área tecnológica y miembro de la comisión electoral, José Luis Rodríguez Neri había montado - y controlaba - el sistema informático en apariencia igualitario pero perfectamente diseñado para marcar diferencias. Cuando se hizo evidente que Sastrón sacaba adelante los avales, pasaron a espiar sus entradas en el sistema.
El 5 de mayo ordena Neri una relación completa de la actividad de su clave y le pasan un informe con las entradas desde el 11 de marzo. Querían comprobar si se bajaba información
Neri, supuesto árbitro imparcial del proceso electoral, realizaba otras tareas menos complejas. Descolgaba el teléfono y llamaba a los socios pidiendo el voto para la candidatura oficialista. Incluso explicando a algunos de ellos con todo detalle "la papeleta que hay que meter en el sobre". No es de extrañar que los agentes de la UCO insistiesen de las clamorosas evidencias de fraude electoral al juez Ruz, que ya apuntó "suavemente" en su primer auto judicial.
Por otra parte son varios los abogados de las acusaciones particulares que no han podido tener acceso al sumario - sobre el que se ha levantado el secreto - ya que el juez dictó el lunes una polémica resolución que obliga a cinco socios de la SGAE a que lo hagan bajo la misma dirección jurídica y representación procesal. Una decisión que no ha sido bien recibida y que ya ha sido recurrida.
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