En la Universidad española están de vacaciones pero catedráticos de todas las ideologías van contando por ahí, sin exponerse demasiado, que “ceder soberanía económica a Bruselas no es ni mucho menos una reforma menor o técnica de la Constitución”. El nuevo artículo 135.2 dice textualmente:
El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros
Las cifras que no aparecen en el nuevo texto constitucional, pactado por las cúpulas del PSOE y del PP, las pondrá Bruselas o los dirigentes que el día de mañana vayan a decidir en Europa y a los que habrá que obedecer después de una cesión de soberanía sin consulta popular que ya veremos si es la del despotismo ilustrado o la del despotismo de los mediocres que nos llevan al abismo de la voracidad fiscal mientras continúa el despilfarro irracional (muy pronto delito en Islandia) de aeropuertos sin aviones, asesores y jefes de informativos al servicio del partido.
La referencia constitucional a una Unión Europea que sufre un déficit democrático sin parangón, así como la que se ha venido en llamar muerte o ilegalización de Keynes, debería, al menos, refrendarse por una mayoría de españoles en las urnas para evitar que la indignación ciudadana contra los políticos peor valorados de la democracia derive inevitablemente en un ataque contra la Constitución (no votada por la mayoría de los españoles de hoy) y la propia idea de Europa donde nadie sabe si decidirá Merkel o gobiernos dependientes de populistas de extrema-derecha. Por eso la apelación y servidumbre constitucional a Europa, además de voluntarista y emocional, es un riesgo país en sí mismo sobre el que no puede decidir un partido que se hunde y un partido que nunca ha contado con la estima de la gran mayoría de los españoles.
Rubalcaba y Rajoy deberían convencer de lo inevitable y conveniente de la reforma constitucional a los españoles ante la tercera urna. No lo harán. No se sienten capaces. No lo quieren. Tampoco, según parece, se va a poder contar, ya veremos, con una minoría (suficiente) de socialistas para apoyar el referéndum. ¿Obedecerán, como lo hicieron todos, en el PP también, para votar la Ley Sinde del embajador de Bush?.
Después del 20-N el referéndum habría sido casi inevitable pues es más que probable que 35 diputados ajenos al PSOE y el PP sean elegidos (a pesar de la ley electoral). Algo que todavía hace más bochornoso el espectáculo bipartidista que está superando las peores previsiones en su brutal provocación a las demandas de más participación ciudadana que se hacen desde la red y desde la calle. Enfrente políticos ciegos y sordos, aunque ellos no caerán por el abismo. Para ellos siempre habrá Estado del Bienestar por partida doble.
Hoy el diputado de Izquierda Unida los ha comparado con Pavía, un golpista, desde la tribuna del Congreso que el general asaltó. También hoy el abogado Carlos Sánchez Almeida recuerda en su blog que en septiembre de 1987, conforme dispone el Estatuto de la Abogacía Española, prometió acatar la Constitución de 1978.
Tras consumarse el obsceno pacto entre PP y PSOE para traicionarla, me considero liberado de aquella vieja promesa
Y en consecuencia, apelo a la soberanía popular para redactar desde la base una nueva Constitución para el siglo XXI.
El “Golpe a la Constitución” del que también ha hablado Llamazares retrata al bipartidismo y acentuará la indignación de los que no quieren ser súbditos. Sean mayoría o inmensa minoría.
Foto | Pedro del Moral
