Los de ASTEL, la asociación que agrupa a los operadores alternativos a Telefónica, denunciaron que el ex monopolio estaría condicionando la ejecución de las órdenes de interceptación legal de las comunicaciones al pago de una cantidad anual que ellos no deben pagar.
En la denuncia presentada en la CMT se afirmaba que Telefónica se habría resistido al cumplimiento de determinadas órdenes de interceptación legal de las comunicaciones al no haberse alcanzado un acuerdo económico con ellos.
Los operadores alternativos mantienen que esos "trabajos" están incluidos en la cuota que pagan a Telefónica por tener acceso a su línea. Sería una obligación más del operador incumbente. Los de Telefónica discrepan: el servicio de interceptación legal de llamadas no forma parte de las partidas de costes de la cuota mayorista y se debe llegar a un acuerdo que permita hacer partícipes a todos los operadores de los costes.
Los de Telefónica también se quejaron a la CMT de que son muchas las inversiones y los gastos que se ven obligados a afrontar (debe ser el progreso de la sociedad de la vigilancia en la sociedad de la información) en relación con la interceptación de las comunicaciones (que solicitan los agentes de la seguridad del estado, previa autorización judicial).
La noticia es que la CMT ha decidido no iniciar un procedimiento sancionador contra Telefónica. Iniciará, en cambio, procedimiento administrativo de revisión de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica por parte de los operadores alternativos. Contra la decisión de la CMT se puede interponer recurso (también en los tribunales).
No obstante, la CMT advierte (o recuerda) a Telefónica que tiene la obligación de colaborar en la interceptación, que, alcanza incluso a ejecutar las órdenes de interceptación legal que se produzcan sobre los abonados de los otros operadores (la línea es suya). "De lo contrario, por disponibilidad técnica, no llegarían a realizarse (las interceptaciones) ya que sólo Telefónica tiene capacidad de ejecutarlas", señala la CMT.
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