La multinacional de los vídeojuegos acusa a un comerciante de Avilés, Alejandro Fernández, de varios delitos continuados: defraudación de la propiedad intelectual (12 años de prisión en total), defraudación de la propiedad industrial (8 años de cárcel) y revelación de secretos (tres años más). Además le reclama el pago de 840.000 euros en concepto de indemnización por los cartuchos que el imputado vendió en su tienda (unos 1.400 dispositivos de M3 DS Real).
Nintendo acusa al joven comerciante de vender en su establecimiento cartuchos que permiten modificar la función originaria de la consola Nintento DS. El caso que viene de muy atrás se ha reactivado y el próximo martes Alejandro Fernández se sentará en el banquillo de los acusados. Su caso es una excepción ya que otros similares se sobreseyeron o bien se produjeron “acuerdos entre las partes” aceptando sentencias leves de conformidad porque “no tenía dinero para luchar frente a Nintendo. Somos una tienda pequeña y teníamos miedo de perderlo todo, hasta la casa. Aceptamos los cargos porque nos salía más barato que ir a juicio, pagar a peritos, informes, etc.”, explicaba la propietaria de una tienda que fue condenada.
En el caso de Alejandro Fernández, su abogado, Carlos Sánchez Almeida, defiende que “tal y como se desarrollaron los hechos no son constitutivos de delito alguno” por lo que sólo cabe la libre absolución. Sánchez Almeida ha mostrado su “extrañeza” porque la Fiscalía se haya personado como acusación en el caso. Más cuando existen varias sentencias y un auto de 17 de noviembre de 2009 del juzgado de instrucción número 4 de Salamanca en el que la Fiscalía solicita el sobreseimiento de un caso paralelo al de Alejandro Fernández. Son sentencias firmes que incluso dejan bien a las claras que no es delito manipular el hardware para ampliar su utilidad ya que no implica que se haga para usos exclusivamente ilegítimos.
Nintendo no se ha movido, sí la Fiscalía. Algo ha cambiado en España…
Foto | martins.nunomiguel
Vía | La Nueva España
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