Ángel Vázquez, nacido en Zafra (Badajoz) en 1968, químico y profesor de secundaria. Comenzó a navegar por la red en el verano del 98, con un modem de 14.400 kbps, a través de una conexión que fallaba la mayor parte del tiempo, y llegó a ser presidente del Partido Pirata español entre 2010 y 2011.
Ahora también es colaborador de Nación Red.
Sutilmente, como quien no quiere la cosa, el ministro Wert está dejando la puerta abierta a una campaña pro copyright en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. No se trata de actividades extraescolares, ni de conferencias, ni de nada por el estilo: se trata de incluir el “respeto a la propiedad intelectual” en la programación de Educación para la Ciudadanía o, mas bien, en su sucesora: Educación Cívica y Constitucional, que comenzará a impartirse en el curso 2013/2014.
Los primeros cambios, en realidad, no esperarán al 2013: durante el curso 2012/2013 ya serán de aplicación algunas modificaciones que han sido aprobadas en el último Consejo de Ministros. El primer borrador de dichas modificaciones data del día 3 de mayo, y ya levantó ampollas por la supresión de contenidos que el gobierno popular consideraba “conflictivos” (como la homosexualidad, el racismo o la xenofobia) y la incorporación de otros como el “respeto a la propiedad intelectual”. En una versión posterior (con fecha del 24 de mayo) se había eliminado una referencia al “nacionalismo excluyente”, pero se mantenía la mayor parte del texto.
Para cuando el texto definitivo se publique en el BOE los profesores estarán de vacaciones y los institutos de secundaria cerrados a cal y canto. Los departamentos de los institutos de secundaria no volverán a funcionar hasta septiembre, ni habrá actividades formativas ni informativas para el profesorado hasta el inicio del nuevo curso, momento en el que los docentes deberán poner en marcha las modificaciones en Educación para la Ciudadanía al mismo tiempo que se ponen al día sobre ellas. Esto dará lugar a improvisaciones en torno a las únicas referencias disponibles: los libros de texto.
ANELE, la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza, aseguró hace un mes que ya estaba trabajando en la elaboración de los nuevos textos y que, en el caso de que no estuvieran listos para septiembre (lo que podría ocurrir en comunidades autónomas que, como han anunciado Cataluña, Andalucía y Euskadi, desarrollarán sus propios programas con posterioridad a la publicación de las reformas en el BOE) se entregará gratuitamente a los profesores un texto orientativo sobre los contenidos a suprimir y a añadir. Lo preocupante de este plan es la visión de ANELE sobre cuestiones relacionadas con la “propiedad intelectual”:
- En 2008 ANELE fue uno de los patrocinadores del proyecto “Educar para crear“, polémico tanto por el dudoso gusto de algunas de sus actividades como por propagar falsas ideas sobre la ley de propiedad intelectual.
- En 2009 ANELE se quejaba de “la importante significación del peso de la edición pública procedente, sobre todo, de instituciones educativas y Administraciones Autonómicas y Locales” y de que el préstamo de libros es una fórmula “lesiva para los derechos de autor”.
- En 2010 ANELE acusaba a las administraciones educativas de ser promotoras y cómplices de la piratería, llegando a afirmar que “la distribución gratuita y generalizada de los contenidos curriculares en soporte digital vulnera Ley de Competencia” o que “la puesta a disposición de esos contenidos gratuitamente tiene un efecto deseducador y demoledor sobre la Cultura”, “tales prácticas convierten a las administraciones educativas en promotoras y cómplices de la piratería”, “el sector editorial se configura como el único capaz de ofertar contenidos digitales de aprendizaje variados, completos y de calidad contratada” (es de suponer que el autor quería escribir “calidad contrastada” y no “calidad contratada”) entre otras perlas.
- En 2011 ANELE, en su informe sobre la evolución de los libros de texto, insiste en acusar de piratería a las administraciones educativas, en cargar contra el préstamo de libros, la digitalización de contenidos y, en general, contra todo lo que pueda afectar a la rentabilidad económica de las editoriales, porque “es importante que las empresas obtengan resultados positivos, porque lo contrario va en detrimento de la calidad, de la pluralidad y de la riqueza cultural”.
- En 2012 ANELE ha propuesto que el Ministerio de Educación “propicie el desarrollo de una plataforma única que garantice la calidad de los recursos, el acceso a la pluralidad de contenidos que ofrecen el conjunto de las editoriales educativas y la protección de datos de los menores y de la propiedad intelectual“. Esto, desde luego, dejaría fuera de juego a iniciativas como los Textos Marea Verde, que intenta poner a disposición de alumnos y profesores libros de texto libres bajo licencias Creative Commons.
En 2012 ANELE tendrá el privilegio de explicar a los profesores lo que deben contar a sus alumnos sobre “respeto a la propiedad intelectual”. Si Wert admite lo de la “plataforma única”, además, pronto será la única voz autorizada.