Se cocinan por todo el mundo diversas iniciativas legislativas que buscan hacer del Código Penal un arma contra el medio de comunicación de la gente. Un buen ejemplo de esta "nueva cocina" son las recetas legislativas para la represión de los delitos informáticos planteadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (!) del Congreso de Perú. Ojo al texto del artículo 23 del proyecto de Ley sobre Delitos Informáticos que se propone:
No se encuentra dentro del alcance del secreto de las comunicaciones la información relacionada con la identidad de los titulares de telefonía móvil; los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo; el tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet (números IP). Por lo tanto, las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet deben proporcionar la información antes señalada conjuntamente con los datos de identificación del titular del servicio que corresponda, a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el requerimiento, bajo responsabilidad, cuando estas instituciones actúen en el cumplimiento de sus funciones
El presidente de la Comisión de Justicia y defensor de la legislación liberticida contra Internet se llama Alberto Beingolea Delgado y pertenece al Partido Popular Cristiano, que está integrado en el Grupo Parlamentario de la Alianza por el Gran Cambio. Congresistas de la Alianza y del Grupo Fujimorista presentaron el dictamen (plagiado, dicen) en el que se exponen los motivos de la propuesta legislativa sobre delitos informáticos.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han enviado una carta abierta a los congresistas peruanos en la que expresan su inquietud por las peligrosas iniciativas legislativas que buscan actualizar el catálogo de delitos informáticos vigentes en el Código Penal, pero pueden conllevar la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos y, en consecuencia, violar el derecho internacional de los derechos humanos.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú también se ha pronunciado contra el polémico proyecto de ley sobre delitos informáticos, más conocido por Ley Beingolea (o Ley Mordaza 2).
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