Seguimos con la publicación de las propuestas programáticas sobre Sociedad de la Información y Regeneración Democrática de los partidos que votaron contra la Ley Sinde (o han impulsado iniciativas en su contra, aunque no tengan representación parlamentaria). Hoy le toca el turno a Izquierda Unida.
Aclarar únicamente que Izquierda Unida propone en el capítulo de propuestas para una Democracia Avanzada, "el inicio de un proceso constituyente" como camino hacia la Tercera República y varias propuestas para la "Recuperación de la Memoria Histórica" que pueden consultarse en el programa completo (pdf). También hace en su programa una serie de propuestas sobre Desarrollo Científico y Tecnológico que no están incluidas a continuación pero que pueden ser de interés para el lector. Os dejamos con las propuestas de Izquierda Unida sobre Sociedad de la Información y Regeneración Democrática. Se han reproducido tal y como vienen redactadas en el programa electoral:
POR UN NUEVO MODELO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y POR LA LIBRE DISTRIBUCIÓN DE LA CULTURA
Apostamos por la democratización de la comunicación y la cultura, por gestionar de forma pública los derechos de autor, por el software libre y por una política cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda las artes entre todos los niveles de la población, pero muy especialmente entre los colectivos y territorios menos favorecidos económica y socialmente.
Proponemos cambiar profundamente el modelo vigente de propiedad intelectual pues el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional y dificulta el acceso al conocimiento.
En este sentido creemos que la vigente Ley de Propiedad Intelectual queda desubicada y obsoleta por dos razones fundamentales:
La actual ley reconoce cuáles son los derechos de los autores y deja en manos de entidades privadas la recaudación de los mismos. En la práctica hay un oligopolio de facto en el que solo unas pocas empresas tienen capacidad para recaudar eficientemente estos derechos (SGAE y CEDRO). Esta situación privilegiada hace que sean ellas las que deciden las reglas del juego. No hay funcionamiento democrático ni transparente en estas empresas y su naturaleza privada les obliga a tener como objetivo principal el buscar el máximo beneficio económico, por encima del interés y la voluntad de unos autores la mayoría de los cuales ni siquiera llega a ver el dinero de los derechos que se han recaudado en su nombre.
Los derechos de autor que marca la ley tienen la naturaleza y el carácter de irrenunciables. Hoy en día muchos autores abogan por la libre distribución de sus obras gracias a Internet y las TIC, puesto que consideran que es la mejor forma de que su obra y sus ideas lleguen a su público. Se han construido movimientos sociales como el Software Libre y alternativas legales como las licencias Creative Commons que buscan la colaboración comunitaria y la libre circulación de obras y ideas como forma de que ganen autores y consumidores. Los únicos que no ganan en esta situación son los obsoletos intermediarios. Pero la irrenunciabilidad de los derechos provoca que sean las entidades de gestión de derechos las que tomen decisiones sobre la obra de un autor: los organizadores de conciertos benéficos ven como la SGAE le exige el pago de los derechos de autor del músico que vaya a actuar aunque este actúe de manera. Los gestores de centros culturales ven como se les pretende cobrar por artistas que son activistas de Creative Commons y otras licencias de distribución libres, etc.
Se utiliza al creador como escudo humano de los intereses de estas empresas que han quedado obsoletas. El interés del autor siempre fue y siempre es el de llegar a su público, no el de ser parte de una industria y una red de distribución
Por todo ello, partiendo de que queremos un sistema que proteja los derechos de los autores y autoras, que son quienes crean obras de música, literatura, cine, teatro, artes plásticas, etc., pero que, al mismo tiempo, de las mayores facilidades posibles para que esas obras puedan llegar a la ciudadanía, consideramos que IU debe:
Impulsar la derogación de la actual Ley de Propiedad Intelectual y elaboración, de manera participativa con todos los actores implicados, de una nueva ley que:
- Derogue el actual modelo de recaudación de derechos mediante entidades de gestión privadas. Creación de una entidad pública de Gestión, con presencia en todo el Estado, cuyo objetivo sea el de dar el servicio adecuado y no el lucro.
-Asegure la adecuada contribución de los operadores de telecomunicaciones y de las industrias de Tecnologías de la Información a la justa remuneración de los creadores, para que esta no se base en un sistema como el canon digital que penaliza indiscriminadamente a los ciudadanos independientemente del uso que estos den a soportes y dispositivos digitales y electrónicos.
Reconozca las alternativas al “copyright” tradicional, como las licencias Creative Commons, y deje en manos del autor la cantidad de derechos sobre los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad del autor de renunciar a estos derechos.
Garantizar la libertad y la neutralidad de la red frente a los intentos del lobby de la SGAE y sus aliados políticos por coartarlas. En este sentido se exige la derogación de la llamada “Ley Sinde”.
Favorecer la difusión de libro electrónico, reduciendo su precio y favoreciendo que se digitalicen las obras literarias y científicas que sean de dominio público. En este sentido las Administraciones Públicas deberán apoyar iniciativas similares al Proyecto Gutenberg con obras escritas en todas las lenguas oficiales del Estado y las editoriales hacer lo propio con obras descatalogadas.
Apoyo al movimiento del Software Libre (open source). Establecer como obligatorio el uso de software libre (en su mayoría gratuito) en todos los ordenadores y medios informáticos oficiales en todas las Administraciones Públicas. Urge la presencia obligada de software libre en todos los ordenadores y medios de uso escolar: no queremos que se eduque a nuestros escolares para ser clientes de Microsoft o Apple, ni nos parece de recibo que se sigan pagando costosas licencias con dinero público cuando tenemos alternativas gratuitas y mejores al alcance.
Impulsar una oposición total del Estado Español, en la Unión Europea, a los intentos por impulsar patentes de software cerradas: favorecen el mantenimiento de los monopolios e impiden el compartir los beneficios de la investigación.
Proponemos la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 para garantizar el acceso a Internet como un derecho de toda la ciudadanía, derogando asimismo la exclusividad de las empresas privadas de telecomunicaciones para proporcionar acceso a internet, facilitando la creación de empresas públicas (por ejemplo de carácter municipal que faciliten el acceso inalámbrico a la red a sus vecinos y vecinas).
Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal. Reconocimiento en la nueva ley de los medios del tercer sector (como las radios libres y comunitarias).
UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEMOCRÁTICA, SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA
Nuestros esfuerzos se van a centrar en potenciar las posibilidades de las TIC como herramienta de progreso social. Debemos evitar la indeseada “brecha digital”, trabajar por el acceso universal al potencial comunicativo de las TIC, rechazar las restricciones a su libertad, luchar frente a los intentos de monopolización por parte de las grandes corporaciones y promover la neutralidad en toda la red.
Desde Izquierda Unida defendemos firmemente el derecho a la libre expresión: tanto para producir y comunicar información y conocimiento, como para recibirla y procesarla, en todo lo cual las TIC juegan hoy un papel determinante. Pretendemos utilizar la libre expresión para crear nueva información y conocimiento. Por este motivo IU trabaja para que nuestro país esté a la vanguardia en los campos de la universalización del uso de la informática, Internet y el resto de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Queremos democratizar el acceso a la información y al conocimiento.
Partimos de los siguientes fundamentos:
- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un factor de gran relevancia en casi todos los campos de nuestras sociedades contemporáneas, incluidos el político y el personal, como demuestran las recientes revueltas populares en el mundo árabe o movimientos como el 15-M, en cuyo éxito han tenido un importante papel redes sociales como Facebook y Twitter.
A pesar de la importancia de las TIC, en Izquierda Unida somos conscientes de que éstas no son un fin en sí mismas, sino solamente una herramienta, si bien de gran importancia, que, utilizada adecuadamente, permite avanzar hacia un nivel cada vez alto de democracia política, social y económica.
Las circunstancias socio-económicas y de clase influyen decisivamente en la difusión de las TIC, de modo que a las desigualdades tradicionales creadas por el sistema capitalista vigente se añade la de un desigual acceso a la información y al conocimiento por parte de las capas sociales más desfavorecidas. A partir de los citados fundamentos definimos nuestros objetivos.
Frente a la mercantilización de la información y del conocimiento, Izquierda Unida promueve la democratización del acceso a la información y al conocimiento.
Frente a una visión neoliberal del uso de la Informática y de las Telecomunicaciones que deja en manos del mercado el crecimiento y la expansión de su difusión, Izquierda Unida defiende la universalización del uso de los ordenadores y de Internet mediante políticas públicas dirigidas fundamentalmente a los ciudadanos, territorios y capas sociales más desfavorecidos.
Frente a una visión dirigista del progreso basada únicamente la acción unilateral de las Administraciones Públicas, Izquierda Unida defiende la participaciónde los ciudadanos en la definición e implantación de las políticas de desarrollo tecnológico, a través de las organizaciones que vertebran la sociedad.
Definir el acceso a Internet como Derecho Universal y Gratuito para el conjunto de los ciudadanos dado el desarrollo de las redes y su importancia para el avance de la Sociedad de la Información
La gratuidad de dicho servicio incluirá hasta la velocidad de 10 Megabits, ampliables a medida de la mejora tecnológica.
La implantación de Servicio Universal Gratuito se llevará a cabo priorizando los territorios y capas sociales más desfavorecidos e incluirá una ayuda integral para la incorporación a la Sociedad de Información que consistirá, además de en el citado acceso gratuito a Internet, en créditos a largo plazo sin intereses para la adquisición de ordenador y cursos gratuitos de Informática e Internet, medidas sin las cuales el mero acceso a Internet sería perfectamente inútil.
Reducción de las tarifas de telecomunicaciones que son casi un 30% superiores a los de los países de la OECD, con lo que se penaliza gravemente a ciudadanos, familias, autónomos y pequeñas empresas. El objetivo sería que se colocasen en la media de los países pertenecientes a dicha organización.
Creación de una red de aulas de libre acceso con plena conectividad en todos los municipios, especialmente en las áreas rurales, y de un parque informático con acceso a Internet adecuado a las necesidades de los centros escolares de todos los niveles, con un objetivo de dos alumnos por ordenador y un horario de acceso más amplio que el escolar.
Impulso de una política de formación con el objetivo de conseguir la plena alfabetización digital, atendiendo especialmente las necesidades de los colectivos más excluidos y los tradicionalmente alejados de las nuevas tecnologías. Se impulsará también la plena accesibilidad a los servicios de información pública a través de la red de las personas con discapacidad y necesidades especiales.
Fomento del Software Libre estableciendo el uso preferente de programas de código abierto (open source) en las Administraciones Públicas, superando situaciones monopolistas de dependencia tecnológica.
Digitalización de los fondos culturales e históricos de las administraciones y su puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la Web, permitiendo además la descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales. La publicación de estos fondos se realizará mediante licencias libres y formatos abiertos que aseguren una difusión de los mismos sin las restricciones que impone el actual modelo de propiedad intelectual.
Promoción de procedimientos electrónicos de gestión que permitan simplificar y optimizar tiempos y costes, así como la participación interactiva en la toma de decisiones políticas, fomentando la ciudadanía activa dispuesta a hacerlo y desarrollando los medios técnicos de software existentes (como el programa “participa 1.0”).
Impulso de la firma digital para acceder a estos servicios con plenas garantías.
Garantizar la protección de los ciudadanos y las ciudadanas frente a las empresas que actúan en la prestación de los servicios de conectividad y comunicación, ya sea en el software, teléfono móvil, internet o hardware, incluso más allá de los derechos que tienen como consumidores.
No penalizar el libre intercambio de archivos, de acuerdo con la actual doctrina jurisdiccional, y apoyo al derecho a la copia.
Oponerse a la implantación de las patentes de software, por favorecer a las grandes corporaciones y a los grandes bufetes multinacionales, causando, un perjuicio al movimiento de software libre, tanto a los programadores individuales como a las pequeñas empresas que producen este tipo de programas.
Propuesta para la libertad digital, utilización en los servicios públicos del software libre, migración progresiva de las administraciones hacia el software libre, evitando pagar licencias a las grandes corporaciones.
POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y DEMOCRÁTICOS
La democratización de los medios de comunicación es la otra cara de la reforma de la ley electoral como condiciones imprescindibles para una auténtica democracia.
La impunidad de los negocios audiovisuales, la reducción del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales impiden el acceso de los ciudadanos a las propuestas de IU. Al marginarnos en los canales mayoritarios de información se nos impide la participación en igualdad de condiciones lo que reduce nuestra repercusión social mientras la ley electoral convierte los votos que recaudamos en menos escaños de los que nos corresponderían con una proporcionalidad de verdad democrática.
La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual establece en palabras lo que no garantiza con los hechos. Formalmente asume la democratización que se está desarrollando en América Latina al anunciar un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales. Pero en la práctica reduce el servicio público, bloquea las iniciativas sociales y concede absoluta impunidad a las grandes empresas comerciales. La ley limita el espacio del servicio público a un 30% de la cobertura estatal, aumenta la precariedad de la radiotelevisión autonómica al hacerla depender de una disposición transitoria que el PP pretende eliminar, encierra las iniciativas sociales en el ámbito municipal con un reglamento que impone tremendas limitaciones para su difusión y concede una absoluta impunidad a los negocios audiovisuales en el 70% de la difusión general.
IU propone:
Que la ley general de la comunicación audiovisual garantice de verdad el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal.
Que se establezca un modelo definitivo de financiación para rtve con recursos suficientes para que la rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio público estatal que fortalezca una democracia de calidad con ciudadanos bien informados.
Mantenimiento y blindaje del carácter público del espacio radioeléctrico.
Que la legislación sea la misma para todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del estado), impidiendo la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos.
Que se aplique el derecho de acceso (bloqueado durante treinta años) en todas las radios y televisiones de titularidad pública como un mandato constitucional que obliga al reparto de espacios de libre disposición entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales.
Que se abra un debate público sobre el proyecto de decreto con el que se pretende imponer un reglamento que impide el desarrollo de las iniciativas sociales en la radio y la televisión.
Que se constituya inmediatamente el consejo estatal de medios audiovisuales (cema) al que la ley general de la comunicación audiovisual encarga la supervisión del servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales, la correcta aplicación del derecho de acceso y la de la alfabetización audiovisual para que el conocimiento sobre los medios facilite que los ciudadanos los utilicen para controlar al poder económico y político.
Que se garantice la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas laborales de la comunicación para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos.
Un marco jurídico, con rango de ley, como la forma de garantizar de forma efectiva el respeto y ejercicio efectivo de los derechos del artículo 20 de la constitución, puestos en peligro, por la fuerte situación de concentración empresarial en el sector de medios de comunicación a la que acompaña la terrible precariedad de las relaciones laborales en las empresas informativas y la fragilidad del conjunto de la profesión periodística.
Constituir en el seno de las empresas informativas órganos de participación y para la consulta e interlocución entre las profesionales de la información y las empresas, para todo lo referido a los contenidos informativos, línea editorial, elaboración de las informaciones en las redacciones y su gestión.
Una educación 3.0
Queremos avanzar hacia una educación 3.0 que vaya más allá de la mera dotación instrumental de “aparatos”.
Queremos asociar la tecnología con una pedagogía 3.0 que suponga un cambio de valores respecto al conocimiento, al aprendizaje, a la metodología y al uso compartido de materiales y recursos. Para ello proponemos:
Implantación de software libre de código abierto en el sistema educativo y organizar desde la Administración Educativa una red de recursos digitales, públicos, gratuitos y compartidos (wikieduca) que sustituya progresivamente los libros de texto por material digital elaborado por la comunidad educativa.
Potenciar la democratización del conocimiento elaborando, recopilando y difundiendo de forma gratuita en la red materiales curriculares y de apoyo al profesorado en software libre.
Red social educativa pública, donde docentes y alumnado pongan en común conocimientos y experiencias, colaboren en proyectos de aprendizaje y desarrollo de contenidos.
Introducir metodologías de atención personalizada a grupos más pequeños y de trabajo cooperativo para que el alumnado pase de consumir información producida por otros, a ser creadores, escritores, autores que construyen de forma activa el conocimiento y comparten los contenidos y materiales digitales que han creado tanto el profesorado como el alumnado.
Dotar de recursos tecnológicos a los centros y no al alumnado de forma privada, que los podrá usar individual o colectivamente mientras dura su escolarización.
PROPUESTAS PARA UNA DEMOCRACIA AVANZADA
Hay que adecuar la composición de las instituciones representativas a la voluntad popular, expresada a través de sus votos y democratizar el funcionamiento de estas instituciones. Ese es nuestro objetivo, por lo que:
Proponemos la reforma del sistema electoral para corregir los factores que provocan la desproporción y la desigualdad, como son el tamaño de las circunscripciones, su magnitud, la barrera electoral y la fórmula electoral, para garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños y la igualdad del valor de todos los votos. Asimismo se garantizará que todos los partidos tengan los mismos requisitos para concurrir a las elecciones sin ninguna discriminación.
Proponemos además avanzar en el derecho al sufragio, reconociéndolo a partir de los 16 años e incluyendo a las personas inmigrantes con 2 años de residencia en el Estado español.
Proponemos el Estado Social Participativo que, manteniendo la centralidad de lo público, promueva el interés colectivo, la equidad y la solidaridad, mediante la descentralización del poder y la articulación de mecanismos participativos que permitan un proceso de toma de decisiones más coproducido, más consensuado con los propios ciudadanas y ciudadanos.
Potenciar la organización de la sociedad civil. Establecer la democracia participativa en la estructura social como eje vertebrador, incluyendo a los sindicatos y partidos políticos.
Una implicación directa del Estado en la educación democrática de los adultos, de niños y jóvenes, para fomentar y facilitar los procesos de participación. La Educación para la Ciudadanía no es suficiente, al menos tal y como está planteada.
Establecer mecanismos de participación a todos los niveles de la esfera pública, incluyendo en la Constitución el desarrollo de la participación como un derecho y obligando al establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en los distintos niveles de gobierno y respecto a las distintas materias y especialmente en las decisiones socioeconómicas.
La reforma total del procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular que permita realmente la participación ciudadana en el procedimiento legislativo:
Permitiendo su utilización tanto para la creación como para la reforma o derogación de normas jurídicas en cualquier órgano con competencia normativa.
Reduciendo el número de firmas exigido para su inicio.
Estableciendo la obligatoria participación de los proponentes en el debate y procedimiento en las Cámaras Legislativa.
Estableciendo límites en el plazo de la tramitación.
Eliminando las restricciones respecto de las materias que pueden tratarse y en especial permitiendo la reforma constitucional por esa vía.
El establecimiento de mecanismos de autorización de actuación pública, como las consultas populares o los referéndums, para asunto de trascendencia estatal, autonómica o municipal convocados por el presidente del gobierno, los presidentes de las Comunidades Autónomas o los Alcaldes o un número determinado de ciudadanos. Introducción en la Constitución de una serie de materias que requieren una consulta popular obligatoria como puede ser la integración en organizaciones supranacionales o la adopción de decisiones económicas trascendentales.
Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos. Los bienes comunes exigen formas de propiedad pública socializada. Se trata de crear una nueva forma de gestión pública que permita a los ciudadanos a participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos. Para ello se establecerán mecanismos de participación ciudadana en la actuación de la administración y en diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, y su ampliación al ámbito socioeconómico. Esta participación debe orientarse por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. El ejercicio de este derecho se realizaría a través de distintos mecanismos como de democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales, los observatorios populares. Las materias deben ser amplias y muy particularmente socio-económicas, como son educación, salud, seguridad social, derechos laborales, elaboración y ejecución presupuestaria, medio ambiente...
Establecimiento obligatorio de gestación, gestión y control participativos de los presupuestos de las administraciones públicas, con las siguientes reglas:
Ser autorreglamentados y vinculantes, con elección de delegados con mandato imperativo de la asamblea y democracia directa (un hombre o una mujer un voto).
Elaboración del presupuesto por programas, con terminología comprensible y con objetivos claros que faciliten el seguimiento periódico y el control de su cumplimiento.
Contar con espacios deliberativos previos al proceso asambleario.
Establecer sistemas de seguimiento de lo aprobado y control social, es decir, establecimiento de rendición de cuentas.
Ir encaminados a la inclusión social y a la superación de las desigualdades.
Generar información para la aprobación del proceso por parte de la ciudadanía, poniendo al servicio del proceso a las instituciones y a su maquinaria administrativa.
Recuperar el papel de los barrios como célula básica de la actividad municipal, con la participación de los movimientos vecinales y sociales y en particular con las organizaciones de mujeres:
Crear la figura del Defensor del Ciudadano para agilizar la respuesta de los ayuntamientos cuando la ciudadanía considere vulnerados sus derechos.
Crear la figura del Defensor del Ciudadano para agilizar la respuesta de los ayuntamientos cuando la ciudadanía considere vulnerados sus derechos.
Adecuar la estructura y el funcionamiento de las administraciones públicas al proyecto participativo.
Fomentar la participación de las mujeres para asegurar una democracia paritaria. Paridad en los ámbitos de representación.
Fomentar espacios públicos para la participación.
Crear instrumentos de evaluación de las políticas públicas.
Desarrollo del voto electrónico para facilitar la participación popular en la toma de decisiones y el control de los representantes elegidos.
PROPUESTAS PARA DEMOCRATIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
Reforma de los Reglamentos de funcionamiento de las Cortes Generales, de los Parlamentos Autonómicos y de los Plenos Municipales para asegurar la transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la sociedad en los mismos.
Autonomía financiera de las administraciones locales:
Cumplir los pactos de la FEMP, en la política de los tres tercios, para hacer efectiva la suficiencia financiera de los ayuntamientos, como administración gobernada por la ciudadanía y garantizar la atención a los vecinos.
Ley de Financiación Local que defina los recursos y las competencias de las administraciones locales.
Recomposición de la actual estructura del gasto, que condena a las administraciones locales a una subfinanciación estructural que deja herida la autonomía local y a la prestación de servicios por los ayuntamientos, los cuales asumen competencias impropias a causa de la presión social y la dejadez de las otras administraciones.
Eliminación de las diputaciones como instituciones obsoletas y transferencia de sus competencias autónomas, respetando las particularidades insulares y fomentando la creación de mancomunidades de servicios entre los ayuntamientos.
Reforma radical del Senado para convertirlo en Cámara de las Federaciones, dentro de un Estado Federal y dotarlo de competencias exclusivas en los temas de política autonómica, como cuerpo colegislador y órgano de control del Gobierno. Esta reforma debe ir acompañada de una modificación total del sistema electoral establecido para la elección de los miembros del Senado.
PROPUESTAS PARA REFORMAR LA JUSTICIA
Reformar el sistema de elección del TC, CGPJ y del Fiscal General del Estado
Atribución al Ministerio Fiscal de la Instrucción en el proceso penal.
Regulación de un régimen de incompatibilidades y requisitos para garantizar que los vocales del Consejo General del Poder Judicial actúan de forma autónoma, sin vínculos ni relaciones de dependencia con otras instancias o poderes.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá como actuación prioritaria la defensa de la independencia de los jueces, mediante una regulación que proteja a los miembros de la judicatura que sean atacados en sus funciones de forma ilegítima.
La corrección de esta situación obliga a reformar el sistema de elección de estos órganos. En el caso del Fiscal General del Estado, su elección y cese debería depender de las Cortes Generales. Se debería cambiar el modelo de Ministerio Fiscal, atribuyendo la instrucción al propio fiscal. Otro problema constitucional respecto al diseño de la Justicia es la permanencia de Tribunales procedentes del franquismo, como la Audiencia Nacional y los Tribunales Militares, que deberían desaparecer y pasar sus atribuciones a la jurisdicción ordinaria.
Existe un rechazo corporativo de una parte importante de la judicatura, de ideología conservadora y a veces totalitaria, a la aplicación de la Justicia Universal y la presión que ejerce para mantener la impunidad de los crímenes franquistas. La persecución y clarificación de los crímenes el franquismo y la restitución del honor de las víctimas es un deber moral que tiene el Estado democrático.
Debe de regularse otra forma de acceso a la judicatura:
- Sustitución del Sistema clásico de acceso por oposición por un aprueba de acceso a la escuela judicial en la que los aspirantes accedan por examen en base a temario que no esté basado en ejercicios únicamente memorísticos y otros por medio de acreditación de méritos.
Existe un distanciamiento progresivo de la Justicia respecto a los ciudadanos que se concreta su opacidad y las dificultades que tiene el ciudadano para disponer de información y poder acceder a ella de forma directa, sin tener que contratar a un procurador o un abogado. Un problema añadido es la demora de los procedimientos por lo que imprescindible:
Incrementar la ratio de jueces por habitante, para equipararla a la de los países de nuestro entorno.
Proponemos democratizar la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano al ciudadano. Tenemos que alertar sobre los planes de privatización y liquidación del derecho constitucional a la “justicia gratuita” que se suministra a través del Turno de Oficio.
Modificación de los mecanismos para el disfrute de la justicia gratuita y simplificación de los trámites para su concesión, con la finalidad de que no se prive del derecho fundamental a la tutela judicial a ningún ciudadano.
PROPUESTAS PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN Y ASEGURAR EL COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS CARGOS POLÍTICOS
La regeneración de la vida democrática sólo será posible mediante:
Aprobación de una ley integral y severa anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales.
Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivas responsabilidades.
Sanciones específicas por dejación de funciones.
Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización, el monto de las pensiones y en general cualquier privilegio socio-laboral o fiscal.
Los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.
Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción.
Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
Reducción de los cargos de libre designación.
Regulación estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de cargos públicos para evitar la simultaneidad con la participación en entidades privadas con ánimo de lucro.
Regulación estricta de las incompatibilidades tras el ejercicio de cargos públicos para evitar el enriquecimiento basado en la información obtenida durante el desempeño de dichos cargos.
Adopción de medidas estrictas contra el transfuguismo.
Revocabilidad de los cargos públicos. Se incluirá en la Constitución el procedimiento de revocatorio o moción de censura ciudadana del Presidente del Gobierno, de los presidentes de las Comunidades Autónomas y alcaldes y de los diputados y senadores, adaptándolo a los diferentes procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. El procedimiento de revocación se podría poner en marcha transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el cargo público por un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas las firmas suficientes se sometería a votación popular la propuesta de revocación.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Una democracia plena requiere de una mayor transparencia en las instituciones públicas. Los ciudadanos tienen derecho a saber y a la libertad de información. Son los ciudadanos los que detentan el derecho a la información. El derecho de acceso a la misma es un derecho fundamental.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.
El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
El derecho de acceso a la información se aplica atoda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada. No se podrá imponer ninguna condición o restricción a la reutilización de la información recibida.
Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes, cada entidad pública y privada designará Responsables de Información que gestionará las solicitudes, ayudará a los solicitantes en sus búsquedas de información.
Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción y sólo podrá fundamentarse en razones específicas incluidas en la ley de acceso a la información, como la seguridad nacional o la investigación de delitos.
Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.
Foto | El Rojo Mosca (Aranguren) Más Información | Programa Electoral IU Elecciones Generales 2011 (pdf) En Nación Red | Las propuestas electorales sobre Sociedad de la Información y Regeneración Democrática de UPyD
