Castellón, Navarra, Huesca y Teruel son las circunscripciones en las que el domingo se podrá escoger la papeleta del Partido Pirata. En Cataluña será Pirates de Catalunya el partido que representará a los piratas que sorprendieron al mundo con su espectacular resultado en Berlín.
Si el Partido Pirata se presenta con su programa-ideario (básico), los piratas catalanes ofrecen un programa más extenso que ha contado con la colaboración de todos los ciudadanos que así lo han deseado a través del Sistema de Participación Ciudadana del partido.
El programa de Pirates de Catalunya está estructurado en dos secciones, el ideario pirata y el programa marco, y con un anexo de propuestas para futuros debates: propuestas presentadas y debatidas en el sistema de participación ciudadana, en la que no se ha llegado a un consenso y que pueden consultarse aquí.
El ideario pirata gira en torno a cinco principios esenciales para una democracia sana.
Derechos y libertades
Preservar la presunción de inocencia, la privacidad y la libertad de expresión, dentro y fuera de Internet.
Garantizar que se respeten los derechos y libertades de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.
Utilizar software libre y formatos estándares abiertos en las administraciones, y así garantizar la seguridad y la privacidad de toda la información sensible de los ciudadanos.
Sociedad de la información
Fomentar la sociedad en red, una mayor tasa de penetración de Internet, más banda ancha y conexiones de calidad para todos.
La neutralidad de la red es un requisito imprescindible para garantizar la democracia, tanto en ámbitos privados como públicos.
Todos los servicios de Internet existentes (y los que existirán) deben ser accesibles y ofertables sin restricciones ni discriminaciones entre unos servicios y otros.
Gobierno abierto - Administración 2.0: autenticación centralizada, unificación de bases de datos, ventanilla virtual única, publicación de las herramientas de la administración.
Cultura y derechos de autor
La cultura es un patrimonio común, a la que tienen derecho a acceder todos los ciudadanos.
El libre intercambio sin ánimo de lucro no debe ser criminalizado, sino considerado una herramienta eficaz para distribuir y promocionar la cultura.
Pedimos que el dinero público se gestione en beneficio de los autores y no de los productores. Las fórmulas actuales de remuneración compensatoria por copia privada no benefician a los artistas, sino a las grandes productoras y distribuidoras.
Pedimos un nuevo modelo de gestión en el que los creadores dispongan de la libertad de autogestionar sus derechos o bien trabajar con entidades de gestión de derechos de autor. Los creadores deben ser libres de ceder o no cada uno de sus derechos.
Buscamos el diálogo entre los diversos colectivos implicados y la ciudadanía, para encontrar soluciones que resulten satisfactorias para todos.
Reforma del sistema de patentes
Rechazamos las patentes de software en el ordenamiento jurídico, así como las de cualquier otro algoritmo o concepto. Las patentes fueron creadas para potenciar la innovación industrial, es decir, nuevas invenciones, y no para monopolizar ideas o descubrimientos.
Planteamos un modelo de patentes abierto el desarrollo y la innovación, que aproveche el conocimiento existente y fomente la evolución de la tecnología en beneficio de la sociedad, evitando monopolios privados. Por eso la duración de una patente debe ser relativa a la inversión necesaria en investigación y desarrollo, y nunca renovable, sino que, una vez expirada, pasará a formar parte del dominio público.
Oposición a posibles patentes de organismos vivos.
Democracia Directa
Estamos a favor de la participación activa y democrática de los ciudadanos en las decisiones políticas que pueden afectar a sus vidas.
Somos conscientes de la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y confiamos en su propia capacidad de decisión.
Hay que sacar más provecho de los avances tecnológicos. Se utilizará Internet para avanzar hacia una democracia real, donde el papel de los ciudadanos no se limite a elegir una vez cada cuatro años unos representantes, abriendo vías para que la gente pueda participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas.
Programa Marco
El primer compromiso de Pirates, y el de cualquier representante pirata, es respetar las tres leyes piratas que rigen su voto en las instituciones en las que puedan estar representados:
Primera Ley: Un / a representante pirata votará siempre a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Segunda Ley: Un / a representante pirata votará siempre a favor del Ideario Pirata, excepto cuando entre en conflicto con la primera ley.
Tercera Ley: Un / a representante pirata obedecerá siempre las órdenes que le dicte, por democracia directa, la asamblea de Piratas, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera o la segunda ley. Programa marco
I - Derechos y Libertades fundamentales
Derechos y libertades:
Actuaremos contra cualquier intento de vulneración de los derechos y libertades, congruentes con la DUDH, alcanzados por la ciudadanía, independientemente del ámbito de lo que surja.
Defendemos la libertad de expresión y queremos ampliarla al nivel de los estados más democráticos, inspirados en iniciativas como la Icelandic Modern Media Initiative.
Trabajaremos para preservar la presunción de inocencia en todos los ámbitos.
Igualdad, familia y género:
Defendemos la igualdad de oportunidades para todas las personas y en todos los ámbitos, sin distinción alguna.
Aplicaremos la "Convención Internacional sobre los Derechos de las personas migrantes y sus familias".
Ampliaremos el derecho de asilo a fin de que dé mayor protección a las personas perseguidas por razones políticas, confesionales, étnicas, o sociales.
Promulgar una Ley de la Igualdad encaminada a erradicar cualquier tipo de discriminación, en cualquier ámbito, de manera integral. Debe dotarse a la ciudadanía de los instrumentos jurídicos necesarios para poder defenderse, de una manera ágil, los actos y omisiones discriminatorios que sufra.
Propugnamos políticas que respeten y promuevan la libre autodeterminación en todo lo referente a la identidad y la orientación sexual.
Defenderemos el pluralismo en las formas de convivencia y cohabitación. La política debe tener en cuenta la diversidad de estilos de vida y hacer posible una decisión realmente libre del individuo sobre el modelo de convivencia que quiera adoptar. Rechazamos que cualquier modelo elegido obtenga privilegios sobre otros, sean de tipo estructural o económico.
Garantizaremos los derechos de los menores como sujetos de derecho que son, teniendo siempre en cuenta el principio del interés superior del menor.
Violencia doméstica
Cambiaremos la denominación "Violencia de Género" por "Violencia Doméstica" con el objetivo de equiparar, sin recortar en ningún caso los derechos conseguidos por las mujeres en la actual ley de Violencia de Género, las actuaciones y las penas relacionadas con cualquier tipo de violencia que tenga lugar en el ámbito de la familia o de la pareja; aixíu daremos cobertura específica a las víctimas de violencia en parejas homosexuales, los casos específicos de maltrato de los hombres de parejas heterosexuales y todo tipo de violencia en el ámbito familiar.
Neutralidad de la red:
Tener derecho a una conexión a Internet que permita enviar y recibir los contenidos que se deseen, utilizar los servicios y las aplicaciones que deseen, y utilizar el hardware y el software que deseen.
Tener derecho a una conexión a Internet libre de discriminación, que consista en bloquear, limitar o priorizar determinados tipos de aplicaciones, servicios o contenidos, o basada en la ubicación del emisor o el receptor.
Tener derecho a solicitar la corrección, eliminación o impedir la transmisión de su información personal que se vincule a direcciones IP, que son potencialmente identificables.
Permitir que se utilicen los espacios públicos para desarrollar la infraestructura de uso no comercial para facilitar el acceso a la red de Internet, los servicios de la Administración pública ya la participación ciudadana, así como la creación de redes ciudadanas.
Derogar leyes, como la Ley Sinde, que atentan contra la neutralidad de la red o permiten la censura.
La privacidad.
Los ciudadanos deben tener derecho a:
Navegar por Internet y acceder a los contenidos de manera anónima.
Decidir en cualquier momento trasladar, modificar o cancelar sus datos de usuario de cualquier servicio de Internet.
No revelar las claves privadas o que descifrar los datos.
No sufrir ningún tipo de interceptación de las comunicaciones, con la salvedad de que se hagan por orden judicial, y tener derecho a cifrar las comunicaciones a cualquier nivel, sin limitaciones en la clave o algoritmo utilizado.
Que los organismos públicos velen para que los sistemas de vigilancia electrónica respeten los derechos fundamentales, y actuar de oficio en caso de incumplimiento.
El libre acceso:
Proporcionar banda ancha simétrica, de calidad, como servicio universal para los ciudadanos.
Garantizar el acceso a los datos y los resultados de desarrollos financiados con fondos públicos, así como el uso y la distribución libre.
Fomentar programas educativos de alfabetización digital entre los colectivos más alejados de las nuevas tecnologías.
Una administración más moderna:
Autentificación centralizada, unificación de bases de datos.
Ventanilla virtual única, publicación de las herramientas de la Administración, y reducción de la burocracia a niveles estrictamente necesarios.
II - Transparencia
La transparencia y el acceso a la información son dos condiciones esenciales para el funcionamiento de un sistema democrático, que deben equilibrarse con el derecho a la intimidad de los individuos y con la confidencialidad de determinadas informaciones, justificada por razones económicas o de seguridad colectiva.
Consideramos que el acceso a la información debería ser un derecho ciudadano ya que posibilita el desarrollo personal de los individuos y les permite participar con plena capacidad en la gestión de los asuntos colectivos, así como ejercer el control de las decisiones de los representantes políticos y los administradores públicos. Por ello, nos comprometemos a:
Conseguir que la transparencia se convierta en un deber pro-activo a informar y en una práctica normal de las administraciones y entidades implicadas.
Que toda información económica interna de la Administración debe ser publicada para que pueda ser consultada de manera simple para la ciudadanía.
Garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a cualquier tipo de información que se pida. Hay que conseguir que la transparencia se convierta en un deber y en una práctica normal de las administraciones y entidades implicadas.
Que se pueda acceder de manera libre, simple y gratuita a cualquier información, datos y documentación generada en proyectos subvencionados con dinero público, siempre respetando la privacidad y la protección de los datos de carácter personal. Es necesario que todo el conocimiento que se genere gracias a fondos públicos sea abierto y para todos.
Hacer público el patrimonio de los cargos electos tanto antes de las elecciones como durante el mandato. Publicar también informes regulares de sus actividades como políticos, que detallen las consultas y las reuniones que han tenido, y la justificación y resultados de las actividades mencionadas.
Reclamar la completa transparencia en relación a la actividad económica de los partidos políticos, es decir, información detallada en cuanto a fuentes de ingresos y gastos.
Las excepciones a la transparencia, por razones de derecho a la intimidad, seguridad nacional, prevención y lucha contra la delincuencia, etc., Deben estar claramente enumeradas y definidas sin dejar las decisiones correspondientes a la interpretación y discreción de las administraciones o de los organismos que deben facilitar la información.
Garantizar la privacidad y confidencialidad de la información de personas y organismos por razones de derecho a la intimidad o económicas que determine la ley, especialmente frente a las nuevas TIC, el número creciente de bases de datos y los sistemas de vigilancia electrónica que existen en nuestra sociedad. En el caso de personas que tienen funciones públicas, este principio está supeditado a los principios de transparencia mencionado antes.
En general, hacer accesible toda la información no sensible, de interés para la ciudadanía, de forma pública en Internet y fomentar la creación de herramientas que añadan valor, aporten información adicional o mejoren la visualización.
Promover el ahorro en infraestructuras tecnológicas mediante el uso de software libre, que por un lado garantiza la seguridad en el tratamiento de los datos personales ya la vez fomentará la creación de empresas dedicadas a su apoyo.
III - Cultura y Educación
Promoviendo la cultura no sólo se protege la creatividad sino también nuestras libertades. Una política cultural responsable, transparente, estimulante y sostenible fortalece una sociedad humana, diversa y orientada al futuro.
Defendemos un modelo en que la creación y el intercambio de información sean dos de sus rasgos fundamentales. Pensamos que esto es básico, no sólo para el desarrollo cultural, sino también social y económico.
Creemos que la educación es un instrumento clave para la cohesión social y la formación de nuestros jóvenes, para promover el desarrollo integral de la persona, para la formación de una ciudadanía crítica y activa y para impulsar la sociedad del conocimiento , tan necesaria para el cambio del modelo económico que propugnamos.
Defendemos un sistema educativo que incentive la creatividad, la curiosidad intelectual, la autodirección, la responsabilidad social y la cooperación de los alumnos.
Los Piratas nos comprometemos a:
El reconocimiento de los legítimos derechos de los creadores de disfrutar de frutos de su trabajo debe equilibrarse con el reconocimiento de los derechos de la población el acceso al conocimiento y la cultura.
Mantener eficiente la estructura de la financiación cultural y artístico. Los recursos económicos destinados a áreas culturales y artísticas serán siempre asignados buscando la máxima diversificación y transparencia, y haciendo lo posible para evitar que acaben fomentando o perpetuando redes clientelares o financiando propuestas diseñadas ad-hoc para la caza de subvenciones y el despilfarro de estos recursos.
Impulsar el cambio de modelo económico actual de las industrias culturales hacia otro en el que se puedan combinar, de forma equilibrada, sostenible y en el marco del interés general, los intereses de los diversos actores (autores, creadores, industria cultural, consumidores ....) Propugnar una reforma de los derechos de autor y de la propiedad intelectual en consonancia con la declaración de Washington de 2011 del "Global Congress donde Intelectual Property and Public Interest".
Promover el libre intercambio sin ánimo de lucro y que éste no sea criminalizado, sino considerado una herramienta eficaz de distribución y promoción culturales.
Rechazar las fórmulas de remuneración compensatoria por copia privada y el actual modelo de gestión de derechos de autor. Hacer pasar a dominio público con mayor celeridad toda obra que recibe fondos públicos para su creación, distribución, organización, entre otros.
Defender que las obras que son financiadas totalmente con dinero público deben estar al alcance del público desde el primer día de su finalización.
Fomentar la autogestión de los derechos por parte de los autores para evitar monopolios abusivos.
Impulsar decididamente una formación profesional de calidad y con un presente y futuro laboral que permita el acceso a puestos de trabajo de calidad.
Dotar al sistema educativo de los incentivos necesarios para que la formación continuada del profesorado y el compromiso añadido en su labor sean reconocidas. Proponemos una evaluación continua de profesorado mucho más exigente, basada en las capacidades educativas, de innovación y la promoción.
Fomentar el desarrollo de materiales escolares bajo licencias libres que implementen el currículo de todas las asignaturas.
Aumentar la oferta de cursos de formación y reciclaje para adultos en nuevas tecnologías, idiomas y software libre.
Asegurar la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza garantizando la conexión a Internet y todos los recursos personales y materiales necesarios a las escuelas (ordenadores, reproductores de DVD, proyectores, pizarras electrónicas ...).
Buscar nuevos modelos educativos aplicados actualmente y funcionando con éxito para adaptarlos y mejorar nuestro sistema actual. Crear una serie de criterios para la adquisición y uso de software en la administración pública.
IV - Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual
Los derechos de propiedad intelectual (DPI) incluyen un conjunto relativamente heterogéneo de derechos de propiedad sobre entidades inmateriales, cuyo objetivo es retribuir a creadores, inventores e innovadores y, así, incentivar estas actividades beneficiosas para la sociedad.
Las patentes se entienden habitualmente como una especie de contrato social implícito entre la sociedad y el inventor o innovador, que pone de entrada el esfuerzo y los recursos y, en caso de éxito, obtiene una exclusividad o monopolio temporal sobre los resultados.
El desarrollo tecnológico requiere el desarrollo de nuevos mecanismos y modelos de negocio para remunerar adecuadamente a los creadores e innovadores. Las patentes y otros derechos de propiedad intelectual son uno de los instrumentos para hacerlo, pero no el único ni el mejor en todos los casos.
Creemos que es necesario un nuevo modelo, por eso nos comprometemos a:
Limitar los posibles abusos de los DPI (por ejemplo, las llamadas patentes defensivas, que los titulares no piensan explotar, tan sólo las obtienen para evitar que otros puedan hacer la competencia) y promover otros mecanismos de incentivo a la investigación ya la innovación.
Explorar nuevas formas de retribución de la creación intelectual, teniendo en cuenta los avances en las tecnologías de comunicación y difusión de la información. Nos oponemos a la actual tendencia de reforzamiento ilimitado de los derechos de los titulares y la criminalización creciente de los usuarios.
Plantear un modelo de patentes abierto al desarrollo ya la innovación, que aproveche el conocimiento existente y fomente la evolución de la tecnología en beneficio de la sociedad, y evitar, así, monopolios privados.
Evitar la posibilidad de patentes sobre seres vivos y software.
V - Participación Ciudadana
Pensamos que actualmente los ciudadanos tienen pocas oportunidades de participar y de influir en la política y que tanto las leyes electoral como de ILPs y referendos están descabezadas, y dificultan aún más la participación.
La soberanía reside en el pueblo, los ciudadanos tienen derecho directamente a decidir en todo aquello que afecte a sus vidas.
Así, creemos que la regeneración democrática de nuestro país debe basarse en los siguientes puntos mínimos: Reforma de la normativa electoral que contemple:
Prelación absoluta de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Proponemos una estricta separación del concepto "población" del de "territorio". Si se considera la necesidad de un cuarto de contrapeso territorial, esta podría ser la función del Senado.
Mayor proporcionalidad entre los votos obtenidos y el número de escaños asignados, ajustando los DIFERENTES elementos que influyen, tales como la estructura de las circunscripciones electorales, el formato de las listas o la fórmula de adjudicación de escaños.
Eliminación de cualquier porcentaje mínimo de votos para lograr escaño en cualquier institución.
Eliminación del requerimiento de avales para presentar candidaturas.
Incorporación del voto en blanco computable, con posibilidad de dejar escaños vacíos en representación de este tipo de voto.
Consideramos que los votos en blanco deberían computarse como cualquier otra papeleta y, en el caso de obtener Repressentación, deberían tener su correspondencia con escaños vacíos. Estos escaños vacíos deberían tenerse en cuenta en el cómputo de cualquier quorum requerido. Reforzar el cumplimiento de los programas electorales de los partidos, mediante informes públicos emitidos por los cargos electos y la creación de organizaciones independientes de observación y seguimiento de la actividad política.
Reforma de la normativa sobre Iniciativas Legislativas Populares que contemple:
La inclusión de materias propias de leyes orgánicas, del derecho tributario, de derecho internacional y de presupuestos.
La obligación de tramitación con debate parlamentario, sin posibilidad de enmendarlo y, en caso de no aprobación, votación en referéndum.
Reforma de la normativa sobre referendos para que se conviertan de carácter vinculante.
Promocionar la democracia participativa y directa utilizando las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). El uso de las nuevas tecnologías permite acercar la participación a más gente y una reducción de costes de los diferentes comicios y referendos.
Eliminar los privilegios de la clase política, tales como la inmunidad asociada al cargo o todos los de carácter económico (pensiones, impuestos, etc) .
Promover la independencia del Poder Judicial, reformando el sistema de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior y del Consejo General del Poder Judicial para que sea independiente del resto de poderes.
Reformar la ley de financiación de los partidos políticos para impedir la corrupción y la malversación de fondos.
Promover una legislación clara y centralizada de la financiación de las organizaciones políticas y sindicales.
Permitir la participación ciudadana en la elaboración de todos los presupuestos desde el gobierno central a los ayuntamientos, creando nuevos mecanismos o ampliando los disponibles en la actualidad.
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