En el último año han sido varios los municipios que han optado por ofrecer algún tipo de conexión Wi-Fi gratis a sus habitantes en determinadas zonas de la localidad. En algunos casos estos planes fueron incluso más allá, llegando a ofrecerlo en casi cualquier punto, incluso en autobuses, y eso no era algo que gustase a las operadoras.
Normalmente se limitaba a una velocidad de 256/512 kbps, teniendo que pagar si se quería disfrutar de velocidades mayores. Sin enbargo, el lobby de algunos proveedores de Internet (Redtel: Movistar, Vodafone, Orange y ONO) sigue sin gustarle la idea de perder hasta 7,5 millones de clientes potenciales que viven en dichos municipios.
Para mostrar su queja, han elaborado un informe (según Público) en el que advierten de lo peligroso que podría resultar ofrecer Internet sin coste alguno.
Básicamente lo que hacen es atribuirse el derecho a rentabilizar una inversión de 7.000 millones de euros entre 2008 y 2009, es decir, que si ellas son responsables del 75% de la inversión en infraestructuras, también deberían llevarse el premio del beneficio. Eso, o se dañará la inversión privada en "una época de ajuste presupuestario".
Esta advertencia a los gobiernos viene acompañada. Por ejemplo, nos recuerdan que todos aquellas localidades que no estén inscritas en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para ofrecer acceso a Internet público, podrían ser multadas tal y como le ocurrió al Ayuntamiento de Málaga, aunque otros 347 con todo en regla no tengan problemas.
Para terminar, afirman que se trata de proyectos sin futuro, al "carecer de modelo de negocio" que lo haga sostenible ya que no existe una demanda real. Aquí es donde necesitamos plantearnos si Internet debería ser un derecho indispensable (como sanidad o educación) y por lo tanto, ofrecerlo gratis está justificado o si por el contrario se está destinando dinero público con medidas populistas frenando la inversión privada en época de crisis.
