En éste mundo no todo son descargas, películas, discografias y libros. El mundo de la cultura (si amigos) también incluye la ciencia y la investigación. Y ese mundo también está afectado por las nuevas leyes basura del copyright.
Un ejemplo lo tenemos con el grupo editorial Elsevier, que ha logrado soliviantar los ánimos de investigadores y científicos por todo el mundo con sus prácticas casi monopolísticas, apoyando además las nueves leyes como la SOPA o la PIPA o la de Trabajos de Investigación, todas tres en los Estados Unidos de América.
Sobre la SOPA y la PIPA ya hemos hablado, pero de la Ley de Trabajos de Investigación no. Ésta ley, presentada en el Congreso el pasado Diciembre, incluye la prohibición expresa de permitir el acceso a material de investigación pagado con fondos públicos:
Ninguna agencia federal podrá adoptar, aplicar, mantener, continuar ni iniciar ninguna política, programa ni otra actividad que (1) cause, permita o autorice la diseminación de ningún trabajo de investigación del sector privado sin el consentimiento previo del editor de dicho trabajo; o (2) requiera que ningún autor actual o futuro, o el contratante de dicho autor actual o futuro, consienta a la diseminación de un trabajo de investigación del sector privado.
Hay que tener en cuenta que el texto habla de “editor” del trabajo y “contratante del autor”. Es decir, que según el texto, si una empresa privada realiza una investigación pagada con fondos públicos de los contribuyentes, no tiene por qué poner a disposición de dichos contribuyentes (ni de nadie) el resultado del trabajo.
Si el mundo de la ciencia ha realizado los avances que ha realizado, ha sido gracias a poner en común todas sus teorías, investigaciones y resultados, para poder compararlos, comprobarlos y revisarlos. Si la Ley de Trabajos de Investigación sale adelante (aún está en fase de debate), los editores, y no los científicos, van a controlar los avances de la ciencia, pudiendo mantener tal o cual investigación en el cajón.
No hablamos de patentes, hablamos de estudios de física, química, medicina, cirugía… nuevas técnicas que pueden mejorar la calidad de vida de personas, o ‘simplemente’ (en comillas muy grandes) de resultados que cambien por completo la visión del mundo tal y como lo conocemos ahora.
No hablamos sólo de que los que han financiado dichos estudios puedan acceder a los mismos de forma libre y gratuita. Ningún científico podrá trabajar con esos datos, ya sea para refutarlos o avanzar el trabajo a partir del punto donde quedó la investigación, a menos que tenga un bolsillo enorme repleto de billetes y esté dispuesto a pagar de su bolsillo, o que sus jefes consideren oportuno hacer el desembolso.
Curiosamente, los congresistas que presentaron la ley han recibido financiación del grupo editorial Elsevier y el apoyo de la Asociación Americana de Editores (AAP en inglés) y la Alianza del Copyright.
En el bando contrario, los que se oponen a esta nueva salvajada, están las universidades americanas o la Asociación Americana de Bibliotecas, y algunos miembros de la AAP, el grupo editorial de Nature o MIT Press, han presentado una nota de rechazo.
Obviamente, aunque la ley aplique sólo en los Estados Unidos de América, afecta a todos, porque de científicos e investigadores los hay por todo el planeta, y si quieren consultar o añadir cosas, tendrán que pasar primero por la caja de las editoriales del trabajo que quieran desarrollar.
Como en cualquier obra o contenido cultural, la intención última del autor es que su trabajo sea difundido lo más ampliamente posible. Y en ciencia mucho más. Porque si los avances científicos no se difunden, ¿de qué sirve ser investigador?
Imagen | Derek Keats
