La ley Sinde aprobada esta tarde en el Senado será completamente ineficaz con los objetivos públicos que se plantea. Si bien sí que será un arma de doble filo que provocará una incerteza jurídica considerable para aquellos que quieran emprender un negocio en Internet, no parará las descargas.
La incultura de la vasta mayoría de los políticos españoles hace que no entiendan que la red se regenera y encuentra nuevas vías. Igual que ocurre con el camino que realizan los paquetes de información cuando son enviados, que no siguen un rumbo establecido, los usuarios crearán nuevas formas para intercambiar archivos. Si la ley Sinde penaliza las webs que ofrezcan enlaces, los links se distribuirán de manera que no se necesite ninguna página.
En lo que respecta a las descargas, podemos estar tranquilos. Sin embargo, el foco dañino de la ley Sinde está en el precedente que marca en relación con cualquier tipo de negocio establecido exclusivamente, o sólo en parte, en Internet. Como consecuencia de la existencia de la Sección Segunda, creada por la disposición adicional segunda en la Ley de Economía Sostenible, cualquier web puede ser objeto de estudio si roza mínimamente los límites de los derechos de autor. Esto incluye también grandes corporaciones como Google. En Internet, la propiedad intelectual está mucho más dilatada que lo que una comisión administrativa decida en dos días. Nada es blanco o negro.
Ángeles González-Sinde se ha mostrado muy convencida de la efectividad de su ley. Cada cual a lo suyo. Dice que en marzo estará lista para aplicarse y que antes del verano ya estará completamente operativa. O sea que, según los plazos especificados en las enmiendas pactadas por PSOE y PP, en septiembre ya no debería haber webs de enlaces a archivos. Sólo por el ritmo jurídico de España es imposible. Excepto si la comisión de la ley Sinde minimiza radicalmente el ya empequeñecido poder decisorio de los jueces.
Lo peor de todo es que la ley llega justo en el momento en que se abría un debate real y público acerca de los derechos de autor. Cuando ciudadanos, internautas, creadores y ejecutivos de la industria cultural se habían sentado para hablar y habían visto que no había tantísimas diferencias, ha venido por detrás una ley que les ha dejado sin diálogo.
Emprender ahora nuevas conversaciones es casi una odisea. La ciudadanía española se siente agredida e ignorada por sus políticos. Aquellos que se supone que están para representar, han tomado una decisión a espaldas del pueblo. Los ánimos en Internet están caldeados, los usuarios no tienen ganas de abrir ningún debate.
Cuando las cosas se hacen por las malas, solamente se consigue agravar los hechos. Sólo por el hecho de legislar en este sentido, surgió una iniciativa por parte de Hacktivistas para insertar en cualquier web un buscador de archivos para descargar. Por culpa de la ley, eso no hace más que enfangar la situación. Ante la enorme demanda que hay de contenidos audiovisuales en Internet, si hubiera una oferta legítima y competitiva, habría una evolución mucho más positiva que la que habrá con la ley Sinde.
Problemas como el intercambio de archivos no se solucionan a golpe de legislación, sino a base de consenso –algo que, aun viendo las votaciones en el Senado, no existe en la calle. Es como el muro entre Estados Unidos y México: cuesta muchísimo dinero y da resultados dispares. Siguen habiendo inmigrantes sin papeles. Lo mismo ocurrirá con la ley Sinde: costará un gran esfuerzo económico y administrativo –que no judicial– y no conseguirá absolutamente nada en relación con las descargas.
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