Lo ha denunciado el abogado Carlos Sánchez Almeida. El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha citado al representante legal de Google en España por el "caso Street View" para que el 4 de octubre declare ante la autoridad judicial en calidad de imputado por un presunto delito de "delitos informáticos" que no están definidos como tales en ningún artículo del Código Penal.
Tanto la Constitución Española como la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen el derecho a conocer la acusación formulada contra toda persona, física o jurídica, a la que se impute un delito. Como consecuencia de lo expuesto, la primera diligencia a solicitar es la subsanación del evidente defecto de forma que contiene la citación. Don Javier Rodríguez Zapatero, representante legal de Google España, tiene perfecto derecho a conocer cuál es la acusación concreta formulada contra él.
También sorprende "que un juzgado de Madrid se atribuya la competencia de un delito que presuntamente se habría cometido en todo el territorio nacional, y que ya estaba investigando un fiscal especializado en Guipúzcoa". "Dadas las circunstancias, quizás sería recomendable inhibirse a favor de la Audiencia Nacional", afirma Almeida.
Google ya ha reconocido que se captaron los datos de aquellos usuarios conectados a redes Wi-Fi no protegidas con contraseña y que se hizo "por accidente o defecto." La compañía ha pedido disculpas y reconocido su error. Al caso "Street View" le acompaña la polémica y en determinados casos la sombra de la politización de la justicia. En este caso, a la más que estimable y sana vigilancia de la "sociedad civil" se le ha sumado con extraño celo la "sociedad política y mediática".
Ayer el gobierno alemán descartaba hacer una "ley Google" sobre la materia y decidía "tomarse algo de tiempo" para reflexionar. El Ministro del Interior llegaba a pedir "calma". Google, por su parte, habilitó esta semana el anunciado formulario online por medio del cual los inquilinos y propietarios podrán borrar o hacer irreconocible su vivienda.
En el caso de España a la imputación por un "delito inexistente" se suma una nebulosa conceptual de términos como "alarma generada", "relevancia pública" o "interés general" (ver denuncia) que en ocasiones generan una tenebrosa sima por la que se escapa el Estado de Derecho que se dice proteger. ¿Alarma Virtual al alcande del verdadero Gran Hermano mediático?. Un debate más.
Además y no menos importante, la asociación denunciante solicita (pdf) que se designen peritos funcionarios de oficio que queden a la disposición del juzgado tanto para interpretar la documentación requerida como para llevar a cabo cuantas otras diligencias el juzgado disponga, y se recomienda para ello al Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De Google por "accidente" al CNI por "derecho".
Foto | Flickr (Firma acuerdos CNI-Microsoft) En Nación Red | El responsable de Google España tendrá que declarar por el caso Street View