La Fiscalía Anticorrupción impulsa las investigaciones sobre el presunto desvío de fondos de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), dependiente de la SGAE, a personas relacionadas con ambas entidades.
El informe de Anticorrupción recayó en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, — por error se informó ayer de que se trataba del número 6, cuyo titular es Eloy Velasco —, que a la vista de los datos disponibles decidió abrir unas diligencias, que están declaradas secretas.
De las investigaciones se encargan agentes especializados de la Guardia Civil. Según informa el diario ABC en su edición de hoy "se han detectado indicios sólidos que apuntan a que se ha producido una desviación de fondos por una cuantía muy importante".
Las fuentes consultadas por ABC insisten en la gravedad del caso, "muy delicado por sus connotaciones, difícil de investigar, de consecuencias por el momento imprevisibles y en el que hay que actuar con todas las cautelas". De lo investigado "parecen deducirse responsabilidades penales".
La SDAE fue denunciada en 2007, ante la Fiscalía Anticorrupción, por la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE) por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones, y basándose en las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación que desvelaban un entramado de empresas dependientes de la SDAE, una sociedad limitada, cuyo único accionista es la SGAE, una asociación sin ánimo de lucro.
Según los denunciantes, algunos directivos de la entidad de gestión habrían obtenido beneficios económicos a través de la creación de sociedades limitadas que se financian de los fondos procedentes de la recaudación de derechos de autor.
La entidad denunciada incumpliría, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".
A juicio de las asociaciones que presentaron la denuncia, "estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la malversación de sus recursos económicos. También, de forma subsidiaria, el Ministerio de Cultura como principal fiscalizador de este tipo de entidades.
Vía | ABC
