El derecho de todos los ciudadanos a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten procedimientos que les afecten, no iba con la Comisión Sinde. Sigue sin conocerse quiénes integran la Comisión Sinde-Wert, recordaba mi colega Josep Camós en el mes de agosto.
Sí, el Gobierno ocultó (y sigue ocultando) los nombres de los integrantes de la Comisión Sinde-Wert, salvo el de su presidenta, pero el abogado David Bravo, después de mucho protestar, ha recibido la lista, el gran secreto, pero con la advertencia (amenaza) de que si revela esos nombres será multado y perseguido (penalmente).
El diario ABC nos contó (en letra pequeña y en el mes de junio) que la dureza con la que fue recibida la ley (Sinde-Wert) se había traducido en amenazas a los responsables de la Comisión.
¿Los presuntos delincuentes conocían la lista, el gran secreto, y se dedicaron a amenazar a los que aparecían en la misma?. Parece ser que no hay dato que se resista a un ejército de informadores corruptos en las entrañas del Estado español, pero hay cosas que parecen sacadas de un buen guión.
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