La BSA (Business Software Alliance), el poderoso lobby que acaba de mostrar su apoyo a los negociadores del ACTA y cuyos informes han sido descalificados por el Gobierno de EEUU o las asociaciones en defensa del software libre, es un colaborador oficial del gobierno (ver BOE) en la aplicación y definición de las medidas a tomar en la lucha contra la piratería:
Las acciones preventivas están dirigidas fundamentalmente a describir el problema de la piratería en sus diferentes vertientes, tanto en su modalidad de venta callejera como la que se produce en Internet. Las acciones preventivas pretenden analizar las diferentes aristas que se encuadran dentro del concepto más amplio de «piratería», de tal manera que el resto de las acciones se diseñen de acuerdo con aquellas, en aras de lograr una mayor eficacia en sus objetivos. Dentro de estas medidas, y una vez detectadas las características y el nivel de implantación de la piratería, se incluirán ciertas medidas de carácter policial cuyo objetivo sea la prevención de este tipo de delitos.
El gobierno también ha reconocido a la cuestionada BSA el papel de colaborador “institucional” en el diseño y puesta en marcha campañas de sensibilización destinadas a “concienciar al conjunto de la población del grave quebranto que supone la conculcación de los derechos de propiedad intelectual, quebranto no sólo evaluable en términos de empobrecimiento cultural, sino quebranto económico en diferentes sectores de la economía española.”
En España no ha cuajado una auténtica regulación legislativa sobre el papel de los lobbies. Quizá por eso, en algunos casos, son directamente un “brazo ejecutor” de las políticas gubernamentales. En palabras de un ex ministro socialista:
La inmoralidad se desarrolla siempre en el secreto, en la oscuridad
En Nación Red | Las presiones de la BSA contra los estándares abiertos en la e-administración