Adiós, democracia, adiós. A nadie le debería extrañar en exceso que se pueda extraer semejante conclusión después de una lectura del texto consolidado del ACTA (pdf) que ayer filtró la Comisión Europea para que sus agencias gubernamentales (todavía existen) hiciesen su papel en la gran operación de maquillaje... que viene.
Europa no sólo se dispone a firmar ACTA, como adelantó Nación Red. Ha decidido ir más allá y convertirse, desde ayer, en su agencia de marketing para vendernos una moto-trampa con Barroso, el de la foto de las Azores, al frente de la maniobra.
Ayer comenzaba la operación de marketing, ahora que el prototipo ha salido de la fábrica de Tokio. Nos dicen y no les falta algo de razón que en algunos aspectos se ha "mejorado" el acuerdo al convertir en recomendaciones lo que los lobbies querían "exigencias".
Pero como explica Jérémie Zimmermann, portavoz de la Quadrature du Net, "el enfoque dogmático del derecho de autor acaba de ser consagrado por ACTA, que sigue siendo una gran amenaza para las libertades fundamentales".
El nuevo texto pretende ampliar el alcance del "capítulo digital" para tipificar como delito los usos ilícitos de los medios de amplia difusión. También se incluye una recomendación (lo que Michel Geist ve como un triunfo al no ser la exigencia que se temía) a una cooperación más estrecha entre los proveedores y los titulares de derechos de autor, lo que podría llevar a los países a aplicar medidas que los convierta en una policía privada de derechos de autor.
ACTA otorga poderes plenos (ad hoc) al denominado Comité ACTA (siempre un Comité o Comisión) que se sitúa por encima de los propios gobiernos. Estamos ante un hecho gravísimo que deja en anécdota las "mejoras" que se han producido. Vamos a enumerar las competencias de este Comité, que se han venido reforzando sigilosamente hasta consolidar su poder absoluto.
Antes evidenciar que de la lectura del texto (casi) definitivo se extrae que intentan colarnos una definición nada garantista (diafana y precisa) de lo que estos "señores" entienden por "pirata", pues igual que el dichoso Komitern nunca dejan de añadir el término "indirecto" (como con Sinde) para criminalizarlo "todo":
Pirata es todo acto (infracción) que lesiona los derechos de autor (o derecho conexo) mediante actividades que directa o indirectamente generan una ventaja comercial. Este acto debe ser penalizado (por los firmantes del acuerdo) asegurando, además, que la responsabilidad penal por complicidad está disponible en su derecho (nacional o comunitario).
Muy fuerte. Pero volviendo al Comité, repasemos brevemente sus competencias y que el lector saque sus propias conclusiones:
Las Partes establecen el Comité de ACTA, que:
-Examinará la aplicación, funcionamiento y desarrollo del presente Acuerdo.
-Aprobará los términos de la adhesión (de un país)
-Considerará cualquier otro asunto que pueda afectar a la ejecución y funcionamiento del presente Acuerdo
-Adoptará cualquier otra acción en el ejercicio de sus funciones como el Comité may decide. puede decidir
-El Comité podrá modificar las normas y procedimientos (a su antojo)
-Cada Parte podrá proponer enmiendas al presente Acuerdo (pero el Comité decidirá si se presenta o no)
Estos "estatutos" no alcanzarían la legalidad, por inconstitucionales, en muchos de los países que se disponen a firmarlos (al final del post publicamos la lista de gobiernos de esos países que apoyan ya el texto, según parece, con Barroso al frente como ejecutor y abogado de la causa)
Ahora las partes deberán pulir los últimos flecos del texto y queremos imaginar que además de la Comisión Europea, los ¿parlamentos nacionales? de la Unión Europea y el Consejo de la UE del carismático Van Rompuy, también se tendrá que pronunciar en votación vinculante el Parlamento Europeo. Quizás la última esperanza de evitar el despropósito y el insulto a los ciudadanos que se ha visto acentuando por el secretismo que ha dominado todas las negociaciones.
Los gobiernos, estos gobiernos, ya habrían decidido por nosotros. Algunos alegan que se ha mejorado el texto, como Michael Geist. Más razón, desgraciadamente, parece llevar la principal organización europea en defensa de las libertades en la red: este texto es una falsificación de la democracia. Están por la labor de adherirse:
Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, la República de Korea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido, México, Estados Unidos y ese ente de cien cabezas y ninguna en su sitio llamado "Europa", que sin "autorización" al respecto del Parlamento Europeo, única institución europea elegida por los ciudadanos, se ha aventurado a apoyar en Japón este texto anti-democrático. Ahora nos lo quiere vender. Es la hora de la verdad civil.
Foto | Saül Gordillo