Lo que podéis leer aquí encima es el documento que el PSOE ha distribuido a sus militantes para que defiendan la ley Sinde ante los periodistas, medios de comunicación y cualquier persona que les lleve la contraria. Sólo por el título se entiende que el texto es una falacia, puesto que se atreven a hablar de “muestras de diálogo”. ¿Con quién? El único que ha dialogado es Álex de la Iglesia, y ni tan solo es militante socialista.
Si, tal y como afirman, se ha consensuado una ley entre los dos principales partidos políticos del Parlamento, ¿por qué, a continuación, dice que “el nuevo texto no supone cambios sustanciales”? Si algo se consensua es porque ambas partes ceden en sus posiciones. También insisten en la idea de que ningún administrador de páginas de enlaces será identificado sin el consentimiento previo de un juez. Gracias por respetar, en este punto, la separación de poderes.
Además, añaden que la ley Sinde respeta el artículo 20 de la Constitución Española, que defiende la libertad de expresión e información. En dicho apartado se incluye también la prohibición de la censura previa –que a la práctica no queda tan lejos de la autocensura. En este sentido, la presión administrativa que se ejercerá sobre los webmasters para que cierren o retiren el contenido en cuestión antes de iniciar el proceso queda en el aire, puesto que dependiendo de cómo se mire podría considerarse como autocensura.
En otro sentido, añaden que “la defensa de los derechos de propiedad intelectual es esencial para el desarrollo económico de la industria española de contenidos culturales y para el desarrollo de la oferta legal de estos contenidos en Internet”. Ante tal afirmación, cabe recordar que la oferta actual, sin estar autorizada por los titulares de los derechos, es legal. Más de diez sentencias judiciales así lo afirman. Además, la defensa de la propiedad intelectual tiene poco que ver con la ley Sinde, puesto que sin ella también se podría dar una oferta totalmente legítima.
Sin embargo, el punto más interesante está hacia el final del documento, cuando habla sobre el canon digital y su modificación. Meses atrás, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo declaró ilegal en su aplicación a personas jurídicas, por lo que el Gobierno estaría obligado a cambiar el sistema. No obstante, el PSOE se atreve a afirmar que “la ley mantiene vivo al canon, porque así debe ser”. Una vez más, se saltan las resoluciones judiciales para adjudicarse el silbato de árbitro.
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