Según Jan Phillip Albrecht del Partido Verde Europeo , el ACTA entrega la gestión del copyright a las compañías audiovisuales y a los gestores de derechos de autor, los cuales probablemente actuarán de manera irresponsable, ya que estos podrán llevar a cabo sus propias investigaciones e imponer sus propias sanciones.
El ACTA promueve la colaboración entre los proveedores de Internet y la industria de contenidos que impondrán su criterio dejando al margen el derecho de tener un juicio justo en el caso de que alguien sea acusado de infringir derechos de autor.
También permite que se controle a los usuarios de Internet sin que ni siquiera sean sospechosos, la entrega de sus datos personales a los titulares de derechos de autor partiendo de simples acusaciones y la transferencia de estos datos incluso a países sin una adecuada protección de los mismos, lo cual entra en un claro conflicto legal con las garantías legales de los derechos fundamentales en la Unión Europea.
El acuerdo, que está a la espera de aprobarse en Europa, está claramente sesgado a favor de las compañías de contenidos, argumentan los detractores.
El acuerdo no contiene un cláusulas sobre un “uso justo” o excepciones por incumplimientos leves o esporádicos. Por lo tanto, inclina la balanza a favor de los poseedores de derechos de autor en contra de los usuarios y ciudadanos.
Albrecht recomienda que el Parlamento Europeo ceda la decisión sobre la adopción de ACTA al Tribunal de Justicia Europeo y añade que el Partido Verde Europeo espera que sea rechazada.
Estas declaraciones siguen la línea que ya venían adoptando países como Brasil, que afirma que esta manera de tratar de frenar la piratería, puede poner en peligro los derechos, la privacidad y la seguridad de la red.
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