En tres votaciones, el Parlamento Europeo ha defendido que la UE debe prohibir y perseguir las exportaciones de tecnologías de la información que puedan ser utilizadas por regímenes represivos para censurar información, vigilar a los ciudadanos y controlar los movimientos populares.
El Parlamento Europeo, la única institución europea elegida por los ciudadanos, aprobaba el martes un contundente informe sobre una Estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE, que se felicitaba por “las prohibiciones a la exportación de la UE relativas a determinados elementos tecnológicos” para la vigilancia y la censura, pero denunciaba que existe el riesgo de que las prohibiciones lo sean “sobre el papel”, lo que pone en peligro la credibilidad de la Unión Europea y la seguridad de los ciudadanos que creen que pueden confiar en los esfuerzos y las promesas de la UE.
Dos días después continuaba la presión cívica de los eurodiputados al aprobarse el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2011) y la política de la Unión Europea, que “lamenta la utilización en terceros países de tecnologías y servicios producidos en la UE para vulnerar los derechos humanos mediante la censura de la información, la vigilancia masiva, la supervisión, y el seguimiento y el control de ciudadanos y de sus actividades en las redes telefónicas (móviles) e Internet.
El Parlamento Europeo manifiesta su preocupación por la información según la cual determinadas empresas de la UE cooperan con regímenes autoritarios proporcionándoles un acceso libre e ilimitado a sus redes y bases de datos con el pretexto de cumplir la legislación local.
Valores europeos
Los eurodiputados esperan que las empresas europeas y sus filiales y subcontratistas tengan un comportamiento acorde con los valores europeos y no comprometan nunca los derechos humanos en su empeño por ganar mercado en el exterior.
También se aprobaba esta semana el informe de revisión de la estrategia de la UE en materia de derechos humanos, que insta a la Comisión Europea a que elabore y haga pública un lista de sociedades de la UE que hayan sido cómplices directas en vulneraciones de los derechos humanos en sus tratos con regímenes autoritarios. Sociedades privadas (o/y participadas por los propios estados/gobiernos), por cierto.
Foto | European Parliament (flickr)
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